Javier García, director del Observatorio del Derecho a la Comunicación, solicitó por Transparencia saber cuántas bases de datos utiliza la Agencia Nacional de Información. Datos que fueron denegados, pese a que el Consejo para la Transparencia acogió un amparo en su favor. El Consejo de Defensa del Estado judicializó el caso, logrando que se declarase ilegal el requerimiento y pidiendo costas por un juicio que García nunca solicitó.

El CDE levantó un reclamo de ilegalidad en contra del Consejo Para la Transparencia por haber visado recientemente una solicitud realizada por el Observatorio para el Derecho a la Comunicación para conocer las reuniones que el mandatario sostuvo con representantes de asociaciones que agrupan a medios durante 2020.