Las comunidades interpusieron una acción judicial el día después del asesinato de Yordan Llempi Machacan, quien habría sido abatido por infantes de la Armada. Según la argumentación de la defensa, la extensión de la medida gubernamental es ilegal y arbitraria, y pone en peligro la integridad física y psíquica de las familias del Wallmapu, como se evidenció en lo ocurrido en Huentelolén la semana pasada.

El tribunal Supremo ordenó dar la “tramitación correspondiente” al recurso constitucional, por lo que tanto Carabineros como la Municipalidad de Santiago deberán responder ante posible afectación de derechos de estudiantes luego de que montaran una red para delatar alumnos junto a funcionarios del internado.

“Escribimos la ley acá, en esta Municipalidad”, dijo en su momento el alcalde Felipe Alessandri durante una entrevista. Un 55% de los alumnos a los que se les persiguió por ley Aula Segura durante su administración fue absuelto de toda acusación, mientras que un 25% de las denuncias terminaron en sanciones.

En la querella de la Corporación 4 de Agosto y la concejala Rosario Carvajal se solicita tomar declaración a Roberto Sánchez, un ex alto funcionario de la Dirección de Educación de Santiago (quien se postula a concejal por San Ramón), junto a otros involucrados en el grupo de espía. Alessandri, en tanto, prorrogó por segunda vez la entrega de oficio solicitado por Contraloría.

A propósito de la asociación entre Carabineros, funcionarios municipales y profesores para delatar estudiantes, INTERFERENCIA conversó con la Corporación 4 de Agosto, cuyos abogados obtuvieron fallos favorables hacia menores expulsados en el contexto de Aula Segura.