El contrato por la adquisición de 300 cámaras durante el gobierno de Piñera -licitación que el tribunal de contrataciones declaró como “ilegal”– venció en mayo de 2021.  Sin embargo, Carabineros siguió pagando a la multinacional por el servicio de soporte, algo que está “fuera del marco legal y reglamentario” según resoluciones emitidas por la propia institución policial.