En junio de 2023 una funcionaria denunció irregularidades en uno de los cuatro convenios de Irade con el Gore Biobío –que en total ascienden a $2.397 millones–. Cinco meses después, el funcionario del Consejo de Defensa del Estado y esposo de la fiscal Marcela Cartagena, Álvaro Sepúlveda, prestó servicios a la corporación cuestionada.