El Caso Convenios sigue siendo el mayor escándalo político en el Biobío en la actualidad, principalmente por la arista vinculada a la ex candidata a alcaldesa por Concepción, Camila Polizzi Fonceca, la cual mañana viernes tendrá una audiencia a raíz de la solicitud del Ministerio Público de ampliar el plazo de investigación.

Pero esta es sólo una parte de la trama en la zona.

Según antecedentes obtenidos por Interferencia, el abogado Álvaro Sepúlveda Sanhueza, esposo de la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena Ramos, realizó una asesoría verbal en diciembre de 2023 al Instituto Regional de Administración de Empresas (Irade), organización involucrada en el Caso Convenios en una de las transferencias más millonarias de la zona.

Irade es un gremio que agrupa a 84 grandes empresas que tienen presencia en el Biobío, entre ellas las forestales Arauco y CMPC; las pesqueras Blumar, Pacific Blu y Camanchaca; las inmobiliarias Valmar y Aitue, la Universidad San Sebastián, Enap, el diario El Sur de la familia Edwards, entre muchas otras.

Interferencia consultó a la Fiscalía del Biobío si es que Marcela Cartagena tenía conocimiento de que su marido había prestado un servicio a esta corporación de empresarios, a lo cual respondieron que la persecutora no estaba enterada, pero que a raíz de las preguntas de este medio, supo de su esposo que esto sí ocurrió y que fue convocado “en su calidad de experto en Derecho Administrativo”.

El vínculo de esta organización con el Caso Convenios partió el 30 de junio de 2023, cuando la entonces funcionaria del Gobierno Regional (Gore) del Biobío, Tamara Vidal Vera, se autodenunció en la Fiscalía por sus nexos con la fundación Mi Hogar Asuncionista. En dicha acción, la mujer además acusó presuntas irregularidades en otras organizaciones que recibieron dineros del Gore: Fundación en Ti, Impulsa, Infocap, Descentralizadas, Antonia, Fondeff e Irade.

Son 4 convenios los que adjudicó el Gore Biobío a Irade. Según información publicada por el periódico Resumen en agosto de 2023, en total ascienden a $2.397 millones –el segundo monto más grande de los casos del Biobío– y entre sus conflictos se encuentra que el presidente de la corporación beneficiada es Paul Esquerré Dal Borgo, quien prestó servicios para la campaña del gobernador regional, Rodrigo Díaz Wörner, encargado de aprobar la transferencia en cuestión.

Asimismo, Mónica Álvarez Pérez, vicepresidenta de Irade, fue jefa del gobernador cuando éste trabajó en la empresa Buses Hualpén antes de ser electo en el cargo.

En tanto, el esposo de la fiscal, Álvaro Sepúlveda Sanhueza. es abogado, académico de la Universidad del Desarrollo en Concepción y coordinador de litigio en el Consejo de Defensa del Estado, con una renta bruta mensual de $6 millones en este organismo que, coincidentemente, es querellante en varias aristas del Caso Convenios.

Interferencia consultó a la Fiscalía del Biobío si es que Marcela Cartagena tenía conocimiento de que su marido había prestado un servicio a esta corporación de empresarios, a lo cual respondieron que la persecutora no estaba enterada, pero que a raíz de las preguntas de este medio, supo de su esposo que esto sí ocurrió y que fue convocado “en su calidad de experto en Derecho Administrativo”.

Asimismo, agregaron que “En dichas reuniones no se abordaron temas distintos de los administrativos. No se abordaron temas relativos a Derecho Penal. No se elaboraron informes. El abogado Sepúlveda no asumió la representación legal de Irade en gestión alguna”.

La respuesta del área de comunicaciones del Ministerio Público añade que la asesoría jurídica era en “materias propias de su especialidad” y que consistió en “reuniones de trabajo, las que se concretaron en diciembre de 2023”.

Asimismo, agregaron que “En dichas reuniones no se abordaron temas distintos de los administrativos. No se abordaron temas relativos a Derecho Penal. No se elaboraron informes. El abogado Sepúlveda no asumió la representación legal de Irade en gestión alguna”.

El organismo encargado de perseguir el Caso Convenios en el Biobío añadió que “la asesoría se desarrolló en diciembre de 2023 cuando la corporación Irade no era objeto de investigación penal, la que se abrió a principios de agosto de 2024”.

Y finalizaron señalando que “Así las cosas, por parte de la fiscal regional no hay ninguna medida que se deba tomar en la actualidad, ni tampoco se adoptó alguna medida en el pasado cuando no existía la investigación referida”.

Crecen las dudas sobre rol de la Fiscalía

La Fiscalía del Biobío señaló a Interferencia que abrieron una investigación contra Irade en agosto de este año, después de recibir un informe de Contraloría el 30 de julio pasado. Pero no explican por qué no iniciaron una en junio de 2023, cuando la ex funcionaria del Gore denunció posibles irregularidades en el convenio de dicha corporación.

Anteriormente, Interferencia reveló que la fiscal de alta complejidad del Biobío, María José Aguayo Jofré, quien lidera las investigaciones del Caso Convenios en la zona, tiene una relación cercana con Paul Esquerré Dal Borgo, presidente de Irade.

Según se informó en dicho artículo, la Fiscalía del Biobío aseguró que Aguayo se inhabilitó el 16 de noviembre de 2023 de realizar cualquier acción que vinculara a la familia Esquerré. Sin embargo, un correo electrónico al que accedió Interferencia descartó esta versión, puesto que seis días después de la supuesta inhabilidad, la misma fiscal solicitó más antecedentes sobre Irade a la ex funcionaria denunciante.

Además, para el presente artículo nuestro medio accedió a un nuevo antecedente que da cuentas de que Aguayo sí intervino en la denuncia contra Irade, puesto que el 9 de agosto de 2023, un mes después de la acusación hecha por Tamara Vidal, la fiscal ordenó asignarle un Rol Único de Causa (RUC) a la información vinculada a este gremio de empresarios, específicamente el RUC 2300861414-8.

A esto hay que agregar que Paul Esquerré además está involucrado en la arista ProCultura del Caso Convenios, cuyo nexo en particular nunca fue investigado por la Fiscalía del Biobío.

Interferencia contactó a Irade para conocer más detalles sobre el trabajo realizado por Álvaro Sepúlveda a la corporación, sin embargo no contestaron a las preguntas.

Fe de erratas: Originalmente publicamos que la autodenuncia de Tamara Vidal fue el 9 de junio de 2023, siendo la fecha específica el 30 de junio de 2023.

*Este artículo es parte del reporteo para el libro ‘Camila Polizzi y el poder al desnudo’, escrito por el periodista Maximiliano Alarcón y que será publicado en los próximos meses por editorial Zig-Zag.