A comienzos de julio, poco después del “tanquetazo” en Santiago, comenzó a aplicarse la Ley de Control de Armas promovida por la oposición y las Fuerzas Armadas iniciaron los allanamientos a industrias, locales sindicales, sedes políticas, recintos universitarios, liceos, casas particulares y fundos de la Corporación de la Reforma Agraria, CORA.