Un decreto dictado por el jefe comunal fue postergado por un recurso de protección hasta comienzos de octubre. Ad portas de la finalización de ese plazo, la intranquilidad ronda en los pobladores del cerro, que rechazan reubicarse en viviendas sociales fuera de la comuna. La defensa de los vecinos indica que el desalojo es ilegal, ya que el decreto excede las competencias de la alcaldía.