Mientras parlamentarios de distintos sectores han impulsado proyectos de ley, enviado oficios y solicitado la suspensión de los cobros, las iniciativas siguen sin traducirse en cambios concretos para los deudores afectados. A la fecha, la Tesorería General de la República reporta cerca de 1.500 embargos y más de 30 mil repactaciones vinculadas al CAE.