Una de las primeras reacciones políticas que surgieron en respuesta a los cobros del Crédito con Aval del Estado (CAE) ejecutados por la Tesorería General de la República (TGR) vino desde el Congreso una vez se conocieron los primeros casos de embargos denunciados por las propias personas. 

El escenario propició la iniciativa Ley Sueldo Protegido que el Partido Comunista, el Frente Amplio, el Partido de la Gente y la Democracia Cristiana impulsaron para proteger las cuentas bancarias. 

La diputada Daniela Serrano (PC), señaló al respecto que: "El ministro Quiroz no ha sido capaz de sostener que aquellas personas que ganan menos de 3.500.000 de pesos no hayan sido embargadas, es decir, se aplicaron un vaciamiento de las cuentas bancarias a familias chilenas que en estos momentos no tienen seguridad de cómo llegar a fin de mes".

En particular, la parlamentaria apunta a evitar una "interpretación mañosa" por parte de la TGR sobre qué fondos pueden ser embargados una vez caen en las cuentas de los trabajadores. 

En adición, este lunes, parlamentarios del PC, el PS, el FA el Partido por la Democracia y la DC enviaron una carta al presidente José Antonio Kast en que solicitaron detener inmediatamente el cobro del CAE. 

En la misiva, los legisladores llamaron a establecer con claridad los criterios y mecanismos de cobro ante una problemática que ha afectado a nucleos familiares completos. 

A criterio de los firmantes uno de los problemas radica en "la falta de información y de certeza jurídica sobre estas facultades ha generado angustia en miles de hogares y resoluciones judiciales dispares en diferentes regiones del país ante los recursos de protección presentados". 

Además de señalar que "dejar a una familia sin la totalidad de sus ingresos constituye una afectación que vulnera los derechos de las personas y que muestra una desproporción inaceptable". 

Otra alternativa política emanada a raíz de los cobros vino en particular del Partido de la Gente. La tienda que encabeza Franco Parisi, si bien reconoce que las deudas deben cobrarse, apuntó a que los cobros deben tener mecanismos realistas y a la reducción del pie exigido para el pago del crédito. 

"Como bancada del PDG estamos convencidos de que las deudas se tienen que pagar. Nadie está planteando lo contrario, pero también creemos que el Estado debe generar mecanismos realistas para que las personas puedan cumplir de acuerdo con sus ingresos y con la realidad económica que viven", sostuvo la diputada Eileen Urqueta.

Mientras que su compañera de bancada, la parlamentaria Tamara Ramírez, indicó que "hoy el Estado se ha convertido en una empresa de cobranza y eso ha significado un golpe para muchas familias chilenas que ya vienen arrastrando dificultades económicas". 

Un camino distinto tomó un grupo de parlamentarios de oposición encabezados por el diputado Luis Cuello (PC), quienes mediante un oficio solicitaron a la Dirección del Trabajo un pronunciamiento sobre la inembargabilidad de los sueldos. 

"Hay instituciones como la Dirección del Trabajo que ha mantenido un silencio absoluto, en circunstancias que por ley están obligados a velar por la aplicación y el respeto de las leyes laborales. Por eso hemos oficiado y hemos pedido un dictamen al director del Trabajo para que se pronuncie por cómo va a proteger, cómo va a cautelar que los sueldos, que son inembargables, hoy día están siendo embargados por una vía de facto, por una vía administrativa a través de la Tesorería. Entonces creo que es inaceptable e impresentable que esta Dirección del Trabajo guarde silencio", dijo Cuello. 

A su vez, Nelsón Venegas, su par del PS, indicó que "los cobros que está realizando la Tesorería General son inconstitucionales. No es posible llevar a cabo este tipo de procedimientos. Bajo cualquier otro gobierno, esto hubiera sido tratado como una medida totalitaria, expropiatoria".

Según cifras de la TGR, más allá de cambios futuros al cobro, se han realizado cerca de 1.500 embargos y cerca de 30.000 deudores han repactado su deuda.