Tomás de Rementería
Si bien el futuro de la militancia de la abanderada oficialista suscita interés como señal política, en lo concreto responde más bien a una decisión estratégica y comunicacional que sería informada este fin de semana durante el homenaje a Luis Emilio Recabarren, pero que se enlodó luego de que Daniel Jadue la adelantara y horas después Marcos Barraza la reafirmara.
Luego de que un artículo de Interferencia revelara que Juan Antonio Soto había trabajado como asesor desde el año 2018 en el Congreso pese a tener una condena por el delito de estafa reiterada, el senador Tomás De Rementería informó la desvinculación de su equipo de personal de apoyo.
En 2017, Juan Antonio Soto fue condenado por estafar con $22 millones a 37 personas simulando ayudar con su postulación a subsidios del Serviu. La sentencia de tres años de presidio menor fue sustituida por remisión condicional, una multa de tres UTM y la suspensión de oficio público durante el tiempo de la condena. En junio de 2018 ingresó al Senado como asesor territorial de Isabel Allende. Desde marzo de 2022 es asesor del diputado Tomás de Rementería. El Consejo Resolutivo prohíbe la contratación de condenados como asesores.
A treinta días del ciberataque al Ejército, aún no hay respuesta de los organismos de seguridad nacional sobre las medidas adoptadas y las explicaciones del caso. La ANI, única citada por la Comisión de Inteligencia del Congreso, se ha excusado de asistir ya en dos ocasiones.
La gravedad de la filtración está siendo sopesada por los fiscalizadores, mientras que el Ministerio de Defensa informó de una próxima reunión de oficiales de las tres ramas y el EMCO a realizarse “en las próximas horas”. Rhysida afirma haber vendido a terceros un 70% de los documentos robados y el Ejército no se adjudica la compra.
La Comisión de Inteligencia de la Cámara de Diputados citará a declarar al general Luigi Lopresti, y conforme esas indagatorias se evaluará llamar una Comisión Investigadora. La acción se suma a lo que investigará el Ministerio Público, Carabineros y el Ministerio del Interior.
