El pasado miércoles Interferencia publicó que uno de los asesores del entonces diputado Tomás de Rementería (PS), Juan Antonio Soto Zamora, había sido declarado culpable en octubre del 2017 por el delito de estafa reiterada. Soto Zamora, además, también había asesorado a la ex senadora Isabel Allende (PS) desde junio de 2018. 

Tras la publicación de este medio, El Ciudadano indicó que el senador De Rementería conoció estos hechos a raíz de lo publicado por nuestra redacción. que Soto Zamora había pasado todos los filtros internos de la Cámara de Diputadas y Diputados y que incluso había sido recomendado por otros parlamentarios y concejales para su trabajo. 

Contactado por Interferencia, De Rementería señaló que "sobre la persona en específico, he insistido en que yo no tenía forma de saber. Acá los controles están hechos y son para personas que tienen penas aflictivas cumpliéndose. En este caso él no la tenía y yo lo desconocía porque estaba omitido en su certificado de antecedentes y en tal caso no fue informado".

"Yo creo en la rehabilitación, pero a esta persona no me informó esa situación, por lo que fue desvinculada en su momento", añadió el senador.

Cabe destacar que desde mayo de 2024, el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias prohíbe explícitamente la contratación de personas condenadas. 

En específico, la normativa establece que "constituirán un impedimento para ser contratado como personal de apoyo y/o asesoría externa [...] hallarse condenado por crimen o simple delito que merezca pena aflictiva".

Pero Soto Zamora habría sorteado la reglamentación dado que en su sentencia se aplicó el beneficio de omisión de la condena en su certificado de antecedentes.  

Así, nueve meses después de ser condenado, fue contratado como asesor territorial por la senadora Isabel Allende (PS) con honorarios por $333.333 ingreso que aumentó paulatinamente hasta los $860.000.