Luego de que un artículo de Interferencia revelara que Juan Antonio Soto había trabajado como asesor desde el año 2018 en el Congreso pese a tener una condena por el delito de estafa reiterada, el senador Tomás De Rementería informó la desvinculación de su equipo de personal de apoyo. 

En 2017, Juan Antonio Soto fue condenado por estafar con $22 millones a 37 personas simulando ayudar con su postulación a subsidios del Serviu. La sentencia de tres años de presidio menor fue sustituida por remisión condicional, una multa de tres UTM y la suspensión de oficio público durante el tiempo de la condena. En junio de 2018 ingresó al Senado como asesor territorial de Isabel Allende. Desde marzo de 2022 es asesor del diputado Tomás de Rementería. El Consejo Resolutivo prohíbe la contratación de condenados como asesores.

El economista y profesor de la Universidad de Cambridge y la Usach ha seguido de cerca el proyecto de ley de nuevo royalty minero, que pasó de la Cámara al Senado, donde sigue debatiéndose. Allí, dice, sufrió tales cambios,- tras un fuerte lobby de las mineras-, que al final recaudaría lo mismo que el actual royalty. "En la práctica, nada cambia", afirma.

Corresponde a gastos de vehículos, traslación, alimentación, alojamiento y locomoción de senadores y personal de apoyo por ‘trabajo parlamentario’ en terreno durante el año pasado, marcado por las reuniones telemáticas. Quienes más gastaron fueron la senadora Adriana Muñoz, Juan Antonio Coloma y Jorge Pizarro, los cuales superan montos por $8 millones. Entre 2015 y 2020, se le pagó $1.888 millones a los senadores por estos gastos.