La exigencia de un examen de constatación de lesiones, el poco peso de otros medios probatorios, el juicio moral de policías y jueces, y la poca credibilidad jurídica de las víctimas terminan por entrampar y sepultar más del 70% de las denuncias de violación y abuso. 

La Ley de Inteligencia establece que los antecedentes policiales recopilados a su amparo son de carácter secreto, sin embargo, un correo de un fiscal a un detective de la PDI revela que el Ministerio Público manejaba información clave a la que no debió tener acceso y que terminó perjudicando la defensa del lonko.