La biodiversidad del Área Marino Costera Protegida de Múltiples Usos Fiordo Comau está disminuyendo, según monitoreos científicos de 2023 y 2024. El oxígeno también está decayendo. Los impactos se deberían a la presencia de la industria salmonera. Su alta biodiversidad y el bajo intercambio de agua con el océano convierten al fiordo en un lugar sensible a la contaminación. Científicos, líderes indígenas y de organizaciones sociales plantean la necesidad de que la salmonicultura salga de las áreas protegidas.

Aunque la iniciativa entrega mayores cuotas de pesca al sector artesanal, no cuestiona el actual sistema de permisos de pesca permitiendo que un grupo de empresas mantenga el control de las pesquerías y sus mercados. Expertos cuestionan la versión del sector que sostiene que la disminución de sus cuotas de pesca traerá desempleo. 

Trabajadores de la industria merlucera de la Región del Biobío, el subsecretario de Pesca, Julio Salas y la diputada de la zona, María Candelaria Acevedo, se dieron cita para discutir propuestas que puedan perfeccionar el proyecto de Fraccionamiento recientemente votado en la Cámara Baja.

Los parlamentarios aprobaron el fraccionamiento de la anchoveta y sardina española entre las regiones de Arica y Parinacota y Coquimbo propuesto por el Gobierno, asignando un 80% de fracción para el sector artesanal y un 20% para el sector industrial, lo que fue visto como “una forma de hacer justicia al sector pesquero del norte y promover la equidad” por la Subsecretaría de Pesca.

Una indicación introducida en 2012 a la actual ley de pesca, permitió que pescadores artesanales e industriales pudieran traspasarse, unos a otros, hasta el 100 % de sus cuotas de pesca de merluza austral. Más de una década después, la decisión tiene acorralados a los pescadores artesanales que intentan sobrevivir en un mercado dominado por la industria. 

“Esto es una estrategia que ya oímos y que es evidentemente fallida (...) este mismo argumento de la inconstitucionalidad ya se ha resuelto en ambas Cámaras en dos momentos distintos”, señaló el subsecretario de Pesca, Julio Salas, tras una exposición del gremio pesquero industrial de la Región del Bío Bío, mismo que fue cuestionado recientemente por transacciones bancarias en el marco del Caso Audios.  

Trabajadores de la pesca industrial del Bío Bío solicitaron el retiro del proyecto de la nueva normativa que se discute en el Congreso, sumándose a las voces de algunos parlamentarios. Pese a lo anterior -polémica de los ‘peces sintientes’ incluida- desde la Subsecretaría de Pesca se muestran optimistas por los avances que ha tenido el proyecto en la comisión, donde incluso han incrementado las sesiones para tramitar la iniciativa.

Tras escuchar a los representantes de Defendamos Chiloé, Aysén Reserva de Vida y a la comunidad Pu Wapi, la Comisión decidió oficiar estos ministerios para hacer cumplir la ley en el caso de 457 concesiones salmoneras que deberían caducar, información dada a conocer por Interferencia.

De las 1134 concesiones salmoneras en el país, 457 tienen causal de caducidad. Mowi tiene 115 de sus 149 concesiones en esta condición; y AquaChile -de AgroSuper- 93 de 295. Al estar en el borde costero, a cargo de la Armada, el Ministerio de Defensa podría retirarlas.

Durante este mes está prevista la presentación de la propuesta gubernamental, que busca reemplazar la legislación pesquera creada en un contexto de corrupción que favoreció a los grandes actores. Todavía no se conoce su articulado, pero se avizora un escenario complejo para el ministro Nicolás Grau (Economia) en el Congreso, dada la falta ya crónica de mayorías, aunque existe consenso de que es necesario reemplazar la deslegitimada ley actual.

Las autoridades se han reunido con 4.000 pescadores artesanales y varios de la industria, con la idea de diseñar una ley para reemplazar a la polémica actual Ley de Pesca, que favorece y fue 'dictada' por las grandes pesqueras industriales.