Ciberespionaje Alto Maipo
La hidroeléctrica reconoció ordenar informes de ciberinteligencia que aseguran haber infiltrado grupos de WhatsApp de opositores, además de entregar datos personales de ellos; hechos revelados por Interferencia. La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso de protección de los afectados al estimar que estos datos podían extraerse de fuentes abiertas.
Luego de conocerse que la hidroeléctrica vigilaba a los ambientalistas que se oponían al proyecto e intervenía sus chats, estos presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en el que acusan que la empresa vulneró sus derechos constitucionales, relacionados con la integridad física y psíquica, la protección y respeto de la vida privada, y la protección de los datos personales, entre otras disposiciones legales.
Luego de conocerse que AES Gener vigilaba e intervenía los chats de los ambientalistas que se oponían a la empresa, y con el Tratado de Escazú firmado por Chile hace pocos meses, Interferencia consultó con sus impulsores en el país cómo el Acuerdo internacional puede funcionar (o no) en términos concretos.
La hidroeléctrica reconoció haber pagado para espiar a grupos ambientalistas y trabajadores, como reveló este medio ayer. No obstante, la clase política ha hecho oídos sordos, con la excepción de los diputados Marisela Santibáñez (PC) y Félix González (PEV).
Después de que Interferencia revelara la existencia de informes en 2021, los afectados interpusieron un recurso ante la Corte de Apelaciones de Santiago, la que ordenó un informe al respecto. En éste, Alto Maipo reconoce su implicación en los informes, aunque asegura que el servicio contratado es legal.
En informes elaborados entre febrero y junio de 2020 para la controladora del proyecto, AES Andes, se asegura haber infiltrado chats de ambientalistas –además de entregar información sensible de estos– y se delata a trabajadores de Alto Maipo, llamándolos "Potenciales Terroristas Internos", todo en un contexto post estallido social. Desembolsaron más de $3 millones mensuales por el servicio.
