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Jueves, 17 de Julio de 2025
Política y Medio Ambiente

Espionaje de Alto Maipo: gobernador Orrego y senador Latorre, que preside comisión de Medio Ambiente en Senado, guardan silencio

Andrés Almeida
Lun Lee

La hidroeléctrica reconoció haber pagado para espiar a grupos ambientalistas y trabajadores, como reveló este medio ayer. No obstante, la clase política ha hecho oídos sordos, con la excepción de los diputados Marisela Santibáñez (PC) y Félix González (PEV).

Durante seis meses, a partir del estallido social, Alto Maipo contrató un servicio de cibervigilancia por $3 millones de pesos mensuales, el cual emitió informes periódicos en mediante los cuales se informaba a la compañía de los movimientos de activistas y trabajadores contrarios a los intereses de esta hidroeléctrica de la multinacional AES Andes.    

La información la dio a conocer en noviembre de 2021, mediante el artículo Alto Maipo contrató servicios de “ciberinteligencia” para infiltrar grupos ambientalistas y monitorear a sus propios trabajadores, en el que se contaron detalles de los informes, tales como que se llamaba a los sujetos de interés dentro de la compañía como "potenciales terroristas internos", y donde se daba cuenta de que Alto Maipo obtenía información personal de estos, así como acceso a las conversaciones privadas de chats de Whatsapp en los que se comunicaban los detractores de este proyecto enclavado en San José de Maipo.

"Me parece grave que se investigue  a personas por parte de una empresa que enfrenta un conflicto ambiental. Que encarguen informes sobre situaciones es una cosa, pero la vigilancia con infiltración de comunicaciones privadas, como son los grupos de Whatsapp, así como la entrega de antecedentes personales, es algo sobre lo cual la empresa no tiene derecho", dice el diputado Félix González.

Recientemente, a propósito de un recurso de protección interpuesto por ambientalistas vigilados por Alto Maipo, la Corte de Apelaciones dio a conocer un informe que le pidió a Alto Maipo, para aclarar los hechos, en el cual la compañía reconoce haber contratado el servicio y recibido los informes, aunque niega que haya delito en ello, pues -en su opinión "no hay espionaje, seguimiento o amedrentamiento", aunque -en la práctica- sí espiaron a los ambientalistas en sus chats y sí compartieron información personal como rut, direcciones y nombres de las parejas de los sujetos de interés (ver nuevo artículo).

En lo que sería un escándalo en cualquier país que se precie de proteger ambientalistas y trabajadores, en Chile el mundo político tuvo una escasa reacción. Esto, pese a que entre los ambientalistas y activistas, la noticia ha corrido como reguero de pólvora, causando indignación. 

Interferencia consultó a varias autoridades y congresistas que debiesen ser cercanos al caso, dadas sus actividades territoriales o por llevar agendas en el tema medioambiental.

Entre ellos, la diputada Marisela Santibáñez (PC), que integra la Comisión de Medio Ambiente señaló que "apoyamos de manera Categórica las acciones judiciales intentadas por todos los grupos de ambientalistas que fueron victimas del ciber espionaje por parte de la siempre cuestionada empresa Alto Maipo SpA, dado a conocer por el medio Interferencia".

Y agregó: "No le damos credibilidad a las excusas dadas por la empresa, quienes se escudan en una supuesta legalidad y no divulgación de datos considerados reservados, ya que por el solo hecho de investigarlos, infiltrarse en grupos de WhatsApp, acceder a sus datos y catalogar a algunas personas como “Potenciales Terroristas Internos” es de una gravedad que incluso podría ser constitutiva de delitos, poniendo en peligro la vida de los ambientalistas investigados".

Asimismo, la parlamentaria afirmó que "no podemos permitir que situaciones como esta vuelvan a ocurrir, por lo que dentro de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados y Diputadas, -de la cual soy parte-, ejerceremos dentro de nuestras posibilidades, todas nuestras facultades fiscalizadoras, porque el Ciber Espionaje, en cualquier ámbito, no lo podemos permitir."

Por otra parte, el diputado ecologista-verde Félix González, quien señaló. "Espero que sean los tribunales los que escalerescan estos hechos", añadió.

"Me parece grave que se investigue  a personas por parte de una empresa que enfrenta un conflicto ambiental. Que encarguen informes sobre situaciones es una cosa, pero la vigilancia con infiltración de comunicaciones privadas, como son los grupos de Whatsapp, así como la entrega de antecedentes personales, es algo sobre lo cual la empresa no tiene derecho", dijo.

En tanto, desde el gabinete del senador RD Juan Ignacio Latorre, quien preside la Comisión de Medio Ambiente, informaron escuetamente que el congresista por ahora no se referirá al tema.

Desde el gabinete del gobernador regional metropolitano, Claudio Orrego (DC), lo excusaron de responder pues aseguran que no maneja los antecedentes y que tiene la agenda completa.  

Misma posición adoptó el gabinete del gobernador regional metropolitano, Claudio Orrego (DC), quienes lo excusaron pues aseguran que no maneja los antecedentes y que tiene la agenda completa.  

Una situación parecida ocurrió con el Ministerio de Medioambiente, aunque desde la repartición aseguraron que emitirían una comunicación el día de hoy.    

Cabe mencionar que en un rastreo de Twitter, Interferencia tampoco detectó reacciones de otras autoridades, como diputados del distrito, senadores por Santiago o autoridades locales, como alcaldes, concejales o seremis.



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La agenda de Orrego está copada, pucha, ojalá que no le de stress

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