Aunque la iniciativa entrega mayores cuotas de pesca al sector artesanal, no cuestiona el actual sistema de permisos de pesca permitiendo que un grupo de empresas mantenga el control de las pesquerías y sus mercados. Expertos cuestionan la versión del sector que sostiene que la disminución de sus cuotas de pesca traerá desempleo. 

Los parlamentarios aprobaron el fraccionamiento de la anchoveta y sardina española entre las regiones de Arica y Parinacota y Coquimbo propuesto por el Gobierno, asignando un 80% de fracción para el sector artesanal y un 20% para el sector industrial, lo que fue visto como “una forma de hacer justicia al sector pesquero del norte y promover la equidad” por la Subsecretaría de Pesca.

“Esto es una estrategia que ya oímos y que es evidentemente fallida (...) este mismo argumento de la inconstitucionalidad ya se ha resuelto en ambas Cámaras en dos momentos distintos”, señaló el subsecretario de Pesca, Julio Salas, tras una exposición del gremio pesquero industrial de la Región del Bío Bío, mismo que fue cuestionado recientemente por transacciones bancarias en el marco del Caso Audios.  

Uno de los ejes de la iniciativa dice relación con la ayuda que proveerá el Estado a los pescadores artesanales para que puedan acceder a prestaciones sociales básicas, como las de cualquier trabajador independiente, las mismas de las que el sector carece desde hace 40 años, tema que por primera vez está siendo abordado. La propuesta consiste en fomentar el pago de las cotizaciones previsionales de los pescadores artesanales que cumplan criterio de habitualidad y se estima que beneficiaría a alrededor de 35 mil personas.

Tras escuchar a los representantes de Defendamos Chiloé, Aysén Reserva de Vida y a la comunidad Pu Wapi, la Comisión decidió oficiar estos ministerios para hacer cumplir la ley en el caso de 457 concesiones salmoneras que deberían caducar, información dada a conocer por Interferencia.

Durante este mes está prevista la presentación de la propuesta gubernamental, que busca reemplazar la legislación pesquera creada en un contexto de corrupción que favoreció a los grandes actores. Todavía no se conoce su articulado, pero se avizora un escenario complejo para el ministro Nicolás Grau (Economia) en el Congreso, dada la falta ya crónica de mayorías, aunque existe consenso de que es necesario reemplazar la deslegitimada ley actual.

Durante un encuentro sostenido en julio, desde la cartera de Economía proyectaron algunas directrices que incluirá la propuesta de nueva legislación, la que reemplazará a la actual, cuestionada en su legitimidad por los actos de corrupción asociados a ella.