A petición del ministro en visita Alejandro Aguilar, la Corte Suprema dio luz verde a un exhorto internacional dirigido a las autoridades neerlandesas. La diligencia se enfoca en el caso de Welink Van Ijken, residente en Holanda y víctima de adopciones irregulares perpetradas en los años setenta por la religiosa laica Geertruida Kuijpers. En su resolución, el máximo tribunal encomendó al Ministerio Público la gestión de esta solicitud de cooperación judicial ante la Autoridad Central de la Comunidad Europea.

Mirjan Hunze, presidenta de la Fundación Chilean Adoptees, acusó que el Estado neerlandés se ha negado a colaborar con el Estado de Chile en los procesos judiciales e investigativos relacionados con dichas adopciones pese a las solicitudes formales que han realizado junto a su equipo de abogados. 

La Fundación de Adoptados Chilenos en Países Bajos contrató los servicios de Ciro Colombara para que represente sus intereses en una acción legal en contra de todos quienes resulten responsables en calidad de autores, cómplices o encubridores, en el marco de una situación sistemática de adopciones irregulares gestionadas por una falsa monja holandesa, quien movilizó a menores chilenos hacia el país neerlandés, al que también se le solicitan gestiones para aclarar el caso. 

Truus Kuijpers gestionó adopciones de menores chilenos a Países Bajos sin el consentimiento de sus padres biológicos según prensa neerlandesa. Luego de su muerte, los archivos de Kuijpers fueron traspasados a una fundación, la que ha encontrado información de 155 adoptados. Pronto los involucrados podrán acceder a este archivo.

El medio neerlandés Algemeen Dagblad (AD) reveló que Truus Kuijpers, haciéndose pasar por una monja, envió menores chilenos a Países Bajos sin el consentimiento de sus padres durante la dictadura. Su responsabilidad criminal ya no será investigada en Chile luego de fallecer el año pasado, según AD pudo confirmar.

Cerca de 200 niños fueron adoptados por el país europeo desde el Chile de Augusto Pinochet. A pesar de que el Ministerio de Justicia holandés reconoció como “estructural” el robo de menores chilenos, el ministro de Protección Jurídica, Franc Weerwind, descartó una investigación penal: “confío en que el Estado chileno investigará esto a fondo”.