Andrés Montes
La decisión fue adoptada por un ministro de fuero del tribunal de alzada capitalino y permitirá al jefe de la Unidad de Investigación del organismo, Andrés Montes, acceder al contenido de los teléfonos incautados. Además, alzar el secreto bancario sobre una empresa de Topelber. Todo en el marco de una investigación secreta por entrega de información falsa al mercado que inició la CMF en noviembre pasado.
La reciente formulación de cargos informada por la Comisión para el Mercado Financiero en contra de LarrainVial por posibles infracciones a la Ley de Mercado de Valores y a la Ley Única de Fondos (LUF), se suman a una mala gestión que desde 2023 se hizo patente con la vinculación de la firma a casos como la ropa pirata en La Polar, una acusación de lavado de activos y el Caso Factop.
La decisión de suspender y abrir cuaderno de remoción en contra de la magistrada que adoptó el pleno del máximo tribunal, reordenó también el mapa político. El oficialismo busca acusar constitucionalmente a Vivanco y Jean Pierre Matus. La derecha propone su apoyo, pero incluyendo a Sergio Muñoz. Todo recién comienza en la peor crisis judicial gracias a los mensajes no borrados de una aplicación.
El magistrado le propuso a Hermosilla vender a Sebastián Piñera un informe en derecho preparado para la acusación constitucional en contra de Andrés Chadwick en 2019, con un trabajo adicional menor y así conseguir plata para que el autor, el académico alemán Kai Ambos, pudiera viajar a Chile.
En medio de la investigación interna contra Montes, Solange Bernstein confirmó en la comisión del Caso Audios que se le renovó por 6 años como fiscal de la Unidad de Investigación y respaldó su gestión.
Inversiones RAE SpA, una de las empresas mencionadas en el audio filtrado del abogado Luis Hermosilla, acusa que sociedades de los hermanos Sauer y Topelberg emitieron más de 500 facturas falsas a nombre de la compañía, las cuales después eran vendidas a otras empresas. Varios querellados son socios de la empresa de factoring Factop, investigada por delitos tributarios.
