Mauricio Parra, quien fue el último productor ejecutivo del programa de conversación, denuncia que el canal privado incumple las sentencias laborales alcanzadas en los tribunales, y pide judicialmente el embargo de las señales de transmisión de la estación televisiva ante la política sistemática del canal privado de eludir su responsabilidad a decenas de trabajadores por alrededor de $500 millones.