Por primera vez la Iglesia católica es condenada por el Estado chileno en un caso de esta relevancia. 300 millones de pesos tendrá que pagar a James Hamilton, Juan Carlos Cruz y José Andrés Murillo -tres de las víctimas de abusos sexuales por parte del sacerdote Fernando Karadima- cuyas denuncias cayeron por años en los oídos sordos de la cúpula clerical.