“El pasado pasó”. Era abril de 2012 en Punta de Tralca, ante los obispos reunidos en la 103ª Conferencia Episcopal, y con esas palabras Ricardo Ezzati intentaba sellar el caso Karadima. El mismo arzobispo, en enero de 2011, había dado a conocer a la opinión pública un frío fallo de la Iglesia que condenó por abusos sexuales al sacerdote Fernando Karadima, ex líder de la Unión Sacerdotal Sagrado Corazón de Jesús y párroco de El Bosque, a una "vida de oración". 

Así, pensaba Ezzati, en poco más de un año, el incómodo caso dejaría de ser la piedra en el zapato de la Iglesia chilena. Pero no fue así de fácil.

Siete años más tarde, la mañana de ayer, jueves 26 de marzo, la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió por unanimidad la demanda en contra de la Iglesia católica por daños y perjuicios presentada por tres de las víctimas de Karadima: James Hamilton, Juan Carlos Cruz, y José Andrés Murillo.

Por primera vez la justicia chilena condena a la institución religiosa, representada por el Arzobispado de Santiago, ordenando el pago de una indemnización de $100 millones a cada uno de los demandantes.

El fallo, de carácter histórico, tiene lugar tras ocho largos años de tires y aflojes entre los demandantes y la cúpula eclesiástica. En este tiempo, no solo se revirtió el fallo dictado en primera instancia por el juez Juan Muñoz Pardo, quien rechazó la demanda, sino que también significó un verdadero sismo para la jerarquía católica.

Finalmente, para Ezzati el pasado no pasó, y los resultados están a la vista. Contraviniendo las conclusiones del juez Muñoz, la Corte de Apelaciones determinó que la Iglesia, efectivamente fue “negligente en en su proceder, en términos tales que pueden ser calificados como propios de un encubrimiento que da origen a la configuración de un ilícito civil”.

INTERFERENCIA recogió los sucesos más importantes de la demanda que buscó y estableció la responsabilidad institucional de la iglesia católica en los abusos perpetrados por Karadima.

Por su parte, el Arzobispado de Santiago, decidió acatar el inédito fallo. Un hito en vista de la férrea defensa que hasta entonces había planteado Ezzati en esta demanda civil, con lo que la Iglesia tiene la esperanza de recuperar algo de su destrozada credibilidad. Esto sucede ahora, que está recientemente a cargo de ella un afuerino respecto de las redes de poder clericales tradicionales; el capuchino español y ex obispo de Copiapó, Celestino Aós.

Los antecedentes de la demanda

El 16 de enero de 2011, cuando Ricardo Ezzati llevaba un día como arzobispo de la Arquidiócesis de Santiago, la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano le notificó la resolución que condenó a Fernando Karadima, ex párroco de El Bosque, a una vida de penitencia, oración y reclusión por abuso sexual a menores y abuso de ministerio.

Karadima fue notificado por Ezzati al día siguiente. Sin embargo, recién en febrero, a través de una conferencia de prensa el arzobispado dio a conocer los detalles de la resolución del Vaticano.

Meses después, en noviembre del 2011, la ministra Jessica González dio a conocer la investigación que determinó que Karadima abusó sexualmente de menores y también reveló que Francisco Javier Errázuriz había incurrido en encubrimiento de abuso sexual a menores y abuso psicológico.

De acuerdo a la indagatoria, Juan Antonio Murillo había presentado la primera denuncia en contra de Karadima en 2003. Ese año, por intermedio del sacerdote Juan Díaz, Murillo le hizo llegar una carta a Errázuriz donde le detalló los abusos que había recibido. Sin embargo, la cúpula clerical no realizó ni una investigación e ignoró la denuncia.

Pese al sólido poder de prueba de los antecedentes expuestos, que revelaban graves faltas por parte de la cúpula religiosa, Ezzati, en abril de 2012, intentó dar el tema por cerrado.

En la ya citada 103ª Conferencia Episcopal, el ex obispo de Santiago declaró: “Queremos superar, y con esto creo que superamos, conflictos y temas que en un momento fueron muy difíciles para la vida de esta comunidad, que tuvieron influencia en la vida de la Iglesia y del país". La tesis de que "el pasado pasó".

De la negociación hasta la demanda civil

Pero el pasado es muy inquieto y siempre vuelve.

Tras las declaraciones de Ezzati, Murillo, Hamilton y Cruz empezaron una etapa de negociación reservada con el Arzobispado, en lugar de directamente presentar una demanda, pero en septiembre de 2012, la Iglesia puso en duda el acuerdo cuando Alejandro Goic, entonces ex presidente de la Conferencia Episcopal (instancia que reune a todos los obispos de un país), declaró que “las culpas son personales, no institucionales, y la Iglesia es una institución”. A esto le agregó que "las diócesis no contarían con los recursos necesarios” frente a una demanda. 

Posterior a los dichos de Goic, el 27 de noviembre del 2012, las tres víctimas iniciaron acciones civiles en contra del Arzobispado de Santiago, paso previo a interponer una demanda contra la institución.

Casi un año después, el 3 de septiembre del 2013, Cruz, Hamilton y Murillo presentaron una demanda en contra del Arzobispado de Santiago por la responsabilidad institucional de la Iglesia ante el abuso sexual que sufrieron por parte de Karadima.

Cabe mencionar que Fernando Karadima, antes de su caída, era un sacerdote poderoso e influyente en los pasillos del Arzobispado de Santiago. Formador de varios otros sacerdotes que hasta el día de hoy lo defienden.

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Por: Pedro P. Ramírez H.

Desde la conciliación frustrada hasta el rechazo de la demanda

En el marco de la demanda interpuesta por Hamilton, Cruz y Murillo, el 26 de diciembre de 2013 se decretó una audiencia de conciliación entre ambas partes. En esta, una diligencia judicial obligatoria para todos los procesos civiles, tanto demandantes como demandados deben buscar acordar una salida al conflicto.

De un lado, las víctimas acusando encubrimiento por parte de la Iglesia y exigiendo una indemnización por 450 millones. Del otro, una institución que, según sus representantes, no tiene cómo pagar una reparación económica. Para Juan Pablo Hermosilla, abogado de los demandantes, la suerte de la audiencia de conciliación ya estaba echada.

Un año tardó en cumplirse el pronóstico. El 11 de agosto de 2014 se dio a conocer el fracaso de la medida. La defensa del Arzobispado asegurío que la Iglesia no podía aceptar la versión de los hechos en los términos expuestos por las víctimas.

En enero de 2017, el ministro de fuero, Juan Manuel Muñoz, dio por finalizada la investigación realizada tras la demanda interpuesta por Cruz, Hamilton y Murillo en contra del arzobispado de Santiago. Y el 16 de marzo, Muñoz rechazó la demanda civil argumentando que no habían pruebas suficientes como para demostrar que la Iglesia haya encubierto activamente.

“No resulta posible, asimismo, configurar encubrimiento de los abusos sexuales de Karadima por parte del Arzobispado, ya que no hay prueba alguna a su respecto”, dijo el fallo de primera instancia.

Pocos días después, las tres víctimas acudieron a la Primera Corte de Apelaciones y casi un año después el abogado Juan Pablo Hermosilla, presentó una nueva prueba.

Se trató de una carta firmada por Errázuriz de 2009, dirigida a Ivo Scapolo, nuncio apostólico. En la misiva, el ex arzobispo decía que “como se trataba de hechos prescritos, cerré la investigación. Así quise protegerlos, consciente de que mi manera de proceder, si los acusadores llevasen el caso algún día a la prensa, se volcaría en contra de mí”.

Con esas palabras ante la vista de los jueces, se comenzó a dar cierre al proceso judicial -en lo civil- del escándalo que removió a la Iglesia católica en Chile, que involucró a la élite religiosa de Santiago y a los más altos jerarcas de la institución, y que hoy no tiene más remedio que apartar a los encubridores y acatar.