El sector empresarial celebró una medida que fue promovida por el Gobierno y respaldada por los parlamentarios de derecha. La nueva ley promete bajar los tiempos de espera de aprobación de proyectos hasta en un 70%. Pero grupos ambientalistas y diputados reclamaron contra la regulación, acusando que se favorecen políticas que van contra el medio ambiente mientras evalúan llevar la iniciativa al TC.