Durante la jornada de ayer se aprobó el proyecto de ley que busca reducir entre un 30% y un 70% los tiempos en que se tramitan distintos permisos sectoriales para la aprobación de proyectos. Tras un año de tramitación, el proyecto fue votado este martes en la Cámara de Diputados, en su tercer y último trámite constitucional.

Por lo mismo, fue celebrado por actores del gran empresariado, quienes consideraron como un paso fundamental para acortar los plazos de evaluación.

Susana Jiménez, presidenta de la CPC, dijo que la iniciativa “permitirá acortar los plazos de tramitación de proyectos de inversión, y con ello, acelerar su materialización, con los consecuentes beneficios en generación de empleo y crecimiento”, según consignó Emol, que también recogió las palabras de otros dirigentes gremiales como Jorge Riesco, presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), quien aseguró que “hoy se dio un primer paso para reducir los tiempos de tramitación de los proyectos de inversión en el país, que en el caso de la industria minera, se pueden extender hasta 12 años”.

En 2023, ya el concepto era comentado por expertos, analistas y pasó a ser parte del imaginario colectivo en negocios y política. 

Haciendo referencia a una supuesta complejización del contexto regulatorio y a los cambios de criterio de la autoridad que han afectado numerosos planes y obras, el uso del término “permisología” hace referencia a los procesos burocráticos para obtener los permisos que acreditan el desarrollo de un proceso de inversión. 

Para quienes lo esgrimen en ese tono, este problema ha generado constante debate en la discusión público-privada, debido a que sería conocido por generar problemas en los plazos de otorgamiento de permisos (e incumplimiento de estos), además de problemas de coordinación entre diferentes servicios.

En la práctica, entre sus principales ejes se encuentra la armonización normativa, mediante la creación de un conjunto de normas comunes para todos los permisos.

Estas son el uso obligatorio de formularios digitales, plazos máximos, exámenes de admisibilidad, informes interinstitucionales y la implementación del silencio administrativo positivo como mecanismo de garantía para el solicitante.

Otro de los aspectos que aparecen como innovadores que incorpora la ley es la posibilidad de reemplazar autorizaciones de bajo riesgo por Técnicas Habilitantes Alternativas (THA), como declaraciones juradas o simples avisos.

Estas herramientas permitirán acelerar procesos en casos donde no se comprometan riesgos relevantes. Sin embargo, estarían sujetas a fiscalización expost con severas sanciones ante cualquier tipo de fraude o falsificación.

Los diputados del Partido Socialista (PS), Daniel Manouchehri, Daniella Cicardini y Daniel Melo, hicieron una reserva de constitucionalidad durante la aprobación del proyecto, lo que significa que, en caso de contar con el apoyo de un cuarto de los diputados y diputadas, podrán tratar de impugnar ante el Tribunal Constitucional los apartados de la ley que, según ellos, amenazan derechos como la salud y vivir en un medioambiente libre de contaminación.

En la antesala a la votación, un grupo de 245 organizaciones ambientales ya había manifestado sus críticas al ministro de Economía, Nicolás Grau y al Presidente Gabriel Boric por su respaldo al proyecto de ley de permisos sectoriales y la reforma al reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Según las organizaciones, estas medidas representan un retroceso en la protección ambiental, favoreciendo grandes intereses económicos a costa del bienestar ciudadano.

El documento acusa que “la recientemente aprobada reforma al reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental dejará fuera de evaluación ambiental un gran número de proyectos nocivos para el medio ambiente y la salud de las personas, como el reprocesamiento de relaves mineros, las modificaciones de proyectos con RCA cuando correspondan al mismo literal que el proyecto original, la producción, disposición, reutilización o almacenamiento de sustancias tóxicas, corrosivas, reactivas o inflamables en hasta 2.499 toneladas, entre muchos otros”.

Junto a ello, apuntan que el proyecto de ley de permisos sectoriales no beneficiará a pequeñas empresas, sino a grandes proyectos: “Sabemos que el proyecto de ley de permisos sectoriales no está pensado para favorecer a las pequeñas y medianas empresas, sino que a grandes proyectos que requieren permisos para sus diferentes partes y obras”.

Entre los firmantes se encontraban organizaciones como el Parlamento Ambiental Ciudadano, Modatima, la Fundación Wanaku, la Red de Humedales de Chile y más de 200 colectivos locales y nacionales.

Grupos ambientalistas ya están en conversaciones con parlamentarios del sector oficialista para juntar las firmas necesarias para recurrir al Tribunal Constitucional ante la aprobación de la ley. 

Para que una reserva de constitucionalidad presentada desde la Cámara de Diputados pueda ser admitida ante esa instancia, es necesario que cuente con el respaldo de al menos un cuarto de los diputados en ejercicio, es decir, con la firma de 39 parlamentarios. Este requisito garantiza que la impugnación tenga un respaldo suficiente dentro del Congreso. 

Además, la reserva debe presentarse dentro de los plazos establecidos por la ley, generalmente en un máximo de 30 días desde la publicación de la norma cuestionada, para que el Tribunal evalúe su admisibilidad y, eventualmente, su fondo.