Fernando Barros
La tensión por el control del Estrecho de Magallanes, reactivada por declaraciones de un jefe militar argentino y un decreto de 2021 que nunca fue derogado, escaló hasta convertirse en la crisis bilateral más severa entre Chile y Argentina desde el conflicto del Beagle en 1978. La visita de Javier Milei a Santiago, pese a la sintonía ideológica con José Antonio Kast, terminó exhibiendo las grietas de una relación que la afinidad política no logró blindar.
A varios días del inicio del sistema frontal, el Ejecutivo enfrenta cuestionamientos por la demora en la entrega de ayudas, el despliegue de las Fuerzas Armadas y la respuesta de distintas autoridades, mientras la emergencia ya deja 10 fallecidos, cuatro desaparecidos y más de 104 mil personas aisladas.
No tiene sede en ningún poder del Estado, pero en sus salas se resuelven —sin escrutinio público ni apelación— disputas millonarias entre grandes empresas, bancos, proveedores y contratistas que nunca llegan a la justicia ordinaria. Hasta hace pocos días la nómina de árbitros incluía a los actuales ministro Fernando Barros y el subsecretario Nicolás Balmaceda.
El estudio de abogados Barros & Errázuriz, del futuro ministro de Defensa de Kast, realizó las gestiones notariales para la llegada de CMI Chile, empresa detrás del cable chino submarino, a nuestro país. La personería ante notario la ejerció Lucas Varela Barros, hijo del ex ministro de Educación de Piñera, Gerardo Varela.
El diptuado Andrés Jouannet, figura como socio de Bo “Emilio” Yang, imputado en la causa por presunto delito de tráfico de influencias por parte de la senadora electa, Karol Cariola y con Alberto Hadad Abuhadba, empresario vinculado al rubro de las tragamonedas formalizado por financiamiento irregular en campañas políticas.
El diseño ministerial que presentó el líder del Partido Republicano presentó un diseño en el que destacó la presencia de independientes, con dos carteras para su partido y una para los partidos de RN, UDI, Evópoli, Demócratas y Social Cristiano. Asimismo, sumó en su equipo a representantes del mundo gremial, empresarial y de think tank como Fundación para el Progreso y Libertad y Desarrollo. Con todo, la nómina incluye a dos ex abogados del dictador Augusto Pinochet.
