Chile se sumó a la coalición impulsada por Donald Trump con un texto que el Gobierno de José Antonio Kast define como político y no vinculante. Sin embargo, la declaración habla de sanciones, congelamiento de activos y de una eventual acción colectiva bajo el Tratado de Río. El canciller Pérez Mackenna fue interpelado por primera vez en la historia del cargo, y el debate se centró en la soberanía. Los efectos jurídicos y operativos de la adhesión quedaron, en buena parte, sin respuesta.

Pese a los reiterados intentos de La Moneda por calificar la firma como una simple coordinación informativa voluntaria, la letra chica difundida por Estados Unidos —que invoca el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y compromisos económicos estratégicos— desató un severo cuestionamiento político por la eventual cesión de soberanía y la opacidad de la decisión presidencial.

La iniciativa impulsada desde Washington apunta más a exportar alineamientos políticos y excluir actores clave que a construir una cooperación regional efectiva.