El Escudo de las Américas nació en marzo de 2026, cuando Trump convocó a una cumbre inaugural en su club de Doral, en Miami, y lo presentó como la alianza de seguridad del hemisferio contra los carteles. Desde entonces ha ido cambiando de forma. La declaración de marzo tuvo 17 signatarios y la de septiembre, la que incorpora a Chile, quedó en 15.

La declaración conjunta la suscribieron Estados Unidos, Chile y otros 13 gobiernos, y su primera acción conjunta apunta a 24 organizaciones criminales. Trump las describió como el "ISIS del hemisferio occidental" y pidió a los miembros designarlas como amenaza común y aplicarles sanciones. El texto conjunto plantea congelar activos, restringir visas y perseguirlas penalmente. Además, los países prevén participar a nivel ministerial en el Órgano de Consulta del Tratado de Río para evaluar una resolución de acción colectiva contra estas organizaciones.

El Tratado de Río, formalmente Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), se firmó en 1947 como pacto de defensa mutua del continente: un ataque armado contra un Estado americano se considera un ataque contra todos. Su mecanismo central es el Órgano de Consulta, una reunión de cancilleres que puede acordar medidas colectivas, desde rupturas diplomáticas y sanciones económicas hasta el uso de la fuerza armada. Sus decisiones son obligatorias para los Estados parte, con una excepción: ninguno está obligado a emplear la fuerza armada sin su consentimiento. Ese es el marco al que el Escudo quiere acudir para dar cobertura regional a la ofensiva contra los grupos que Estados Unidos define como narcoterroristas.

Frente a eso, el canciller ha insistido en que no hubo firma y que se trata de una declaración no vinculante. En la interpelación del lunes sostuvo que Chile no se obliga a nada y que es una declaración política, no un tratado. El presidente había dicho que el acuerdo no tiene que ver con el uso de fuerzas militares. Según La Tercera, Chile fue el único país que pidió modificar el texto redactado por Estados Unidos para introducir resguardos.

La adhesión partió el mapa político. El PS, el PC, el Frente Amplio y el PPD la rechazaron, y desde el FA la calificaron de acto de sumisión que rompe con la línea de Estado en política exterior. Los expresidentes Gabriel Boric y Michelle Bachelet firmaron una declaración pidiendo retirar la adhesión, rompiendo la tradición no escrita de exponer sus reparos en privado. Republicanos, UDI, RN y Evópoli respondieron que la oposición intenta instalar una pérdida de soberanía que no existe. Se discutió mucho sobre si el Escudo ata o no a Chile, y bastante menos sobre cómo se ejecutaría lo que el texto sí anticipa.

Porque si nada obliga, ¿por qué el texto anticipa que los ministros se sentarán en el Órgano de Consulta del Tratado de Río? Nadie le preguntó al canciller si Chile votará una resolución que habilite acción colectiva, ni quién lo autorizaría, ni si pasará por el Congreso. El canciller dice que nada obliga a Chile, pero el instrumento al que apunta el texto sí puede producir decisiones obligatorias. Es la diferencia entre una declaración de intenciones y un compromiso que se activa después, en una instancia donde Chile ya estaría sentado.

Algo similar ocurre con las sanciones. La lista de 24 organizaciones incluye grupos de México y Brasil, países que no forman parte del Escudo. Tampoco se planteó con qué norma chilena se congelarían bienes o se restringirían visas por una designación hecha en Washington, ni qué autoridad decidiría en cada caso. Sin un mecanismo propio de designación, la promesa de sancionar depende de una lista que Chile no elabora.

Queda la cooperación de inteligencia, que es donde el argumento de la ausencia de fuerzas militares se vuelve más frágil. Una editorial de La Tercera señala que la adhesión da acceso a información de inteligencia relevante y que Estados Unidos ha atacado sistemáticamente embarcaciones que supuestamente transportaban drogas. ¿Qué datos entregará Chile y con qué garantías de que no se usen en operaciones letales? En la sesión, el canciller apeló a la reserva de información, y esa pregunta era justamente de las que la reserva no debería cubrir por completo.

El Escudo, además, no se agota en lo policial. La declaración se ordena en tres pilares, el económico, el de seguridad y el de coordinación multilateral, y el diputado interpelador, Nelson Venegas (PS), reclamó que el canciller nunca ha explicado por qué le conviene a Chile participar en la dimensión económica y política. Al cierre de la sesión, la Cámara aprobó pedir antecedentes a Kast sobre los compromisos asumidos, y diputados opositores recurrieron a Contraloría para que revise la incorporación. Esas respuestas, por ahora, están pendientes.