Para distintos fines, la Ley de Inteligencia y el Código Penal permiten esta medida intrusiva, siempre con la aprobación de jueces. Pese a lo delicado de estas acciones, distintos magistrados las han autorizado en circunstancias muy inapropiadas, como se supo recientemente que pasó con el periodista Mauricio Weibel, quien fue espiado mientras investigaba el Milicogate.

La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó publicar esta información. Pero el Consejo de Defensa del Estado interpuso una queja que fue acogida por el máximo tribunal por razones de seguridad.