Carabineros no tiene sus manos amarradas ni está desprovisto de apoyo político, sino que es víctima de la utilización ideológica del fenómeno de la delincuencia y la debilidad institucional para adaptarse a un nuevo tipo de ilícitos. No necesita licencia para matar, sino una buena reforma institucional, menos populismo penal y mejores políticas públicas contra el crimen organizado.

Corresponde a gastos de vehículos, traslación, alimentación, alojamiento y locomoción de senadores y personal de apoyo por ‘trabajo parlamentario’ en terreno durante el año pasado, marcado por las reuniones telemáticas. Quienes más gastaron fueron la senadora Adriana Muñoz, Juan Antonio Coloma y Jorge Pizarro, los cuales superan montos por $8 millones. Entre 2015 y 2020, se le pagó $1.888 millones a los senadores por estos gastos.

En octubre de 2010 una sociedad controlada por un oficial en retiro de la Armada adquirió el 10% de la propiedad de Sisdef, una empresa clave de la defensa nacional. Un año después se activó una cláusula que rige hasta hoy: si quiere vender, Asmar, la empresa pública que es dueña principal de Sisdef, está obligada a comprar su paquete con los reajustes necesarios. El senador Carlos Bianchi, miembro de la comisión de Defensa, dijo que citará a las autoridades correspondientes para "analizar lo ocurrido".