El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto (PPD) y su símil del Senado, Álvaro Elizalde (PS), aprobaron la contratación de la ex congresista para que apoye en la realización de dos libros que contarán la historia de ambas instituciones parlamentarias, basados en su calidad de socióloga y ex presidenta de la Cámara y del Senado.

Corresponde a gastos de vehículos, traslación, alimentación, alojamiento y locomoción de senadores y personal de apoyo por ‘trabajo parlamentario’ en terreno durante el año pasado, marcado por las reuniones telemáticas. Quienes más gastaron fueron la senadora Adriana Muñoz, Juan Antonio Coloma y Jorge Pizarro, los cuales superan montos por $8 millones. Entre 2015 y 2020, se le pagó $1.888 millones a los senadores por estos gastos.

Un grupo de abogados que trabaja hace 30 años en las comisiones legislativas -y que ganan más de 8 millones de pesos neto al mes- demandó al secretario del Senado por aplicar un descuento a una asignación salarial. Detrás de esta acción hay una soterrada pugna entre el antiguo y el nuevo régimen en ese poder del Estado. Varios senadores de la ex Concertación se inclinan hacia el primero.  

Hace dos días el proyecto que buscaba la creación de un postnatal de emergencia fue declarado inadmisible en el Senado, con varios senadores argumentando inconstitucionalidad. No es la primera vez que se esgrime ese argumento basado en la Constitución de 1980, promulgada por Augusto Pinochet. ¿Qué tienen en común? Un presidencialismo que impide que nadie más que el Presidente tenga iniciativa legislativa cuando se involucran recursos fiscales. 

Los colaboradores de al menos cinco senadores deberán declarar este mes sobre su papel en informes y asesorías pagados y que podrían haber sido copiados o falsificados.