El jueves 27 de junio de 2019, en la víspera de un fin de semana largo, varios senadores recibieron llamados desesperados de Andrés Zaldívar. Su oficina había sido desocupada y todos los muebles estaban amontonados al final de un pasillo en el primer piso del Senado en Santiago.

“¡He sido allanado!”, denunciaba Zaldívar, quien había sido derrotado en la elección senatorial en 2017 y ahora ocupaba el cargo de presidente del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias. La referencia era a Raúl Guzmán, ex fiscal regional de la zona Metropolitana Sur y que sólo seis semanas antes, a inicios de mayo, había asumido como nuevo secretario general del Senado. “Este tipo cree que todavía es fiscal”, se quejaba el ex senador y pedía a sus colegas, en especial al entonces Presidente del Senado, Jaime Quintana, tomar cartas en el asunto.

En efecto, Guzmán había decidido cambiar de oficina al otrora poderoso senador para hacerle mayor espacio a tres senadores recién electos. Pero para el ‘Chico Zaldívar’ se trató de una ofensa a su trayectoria y estatus, toda vez que el nuevo espacio que le habían asignado se encontraba en un pasillo poco concurrido, en las oficinas que antes ocupaba la unidad de presupuesto.

Tras intensas quejas, al final de ese día el hombre de la DC pudo retornar a su oficina, un espacio amplio en el primer piso de la sede en Santiago, un sector considerado premium en ese poder del Estado. En la tarde, cuentan testigos del episodio, se hizo un pequeño acto de desagravio a Zaldívar en la oficina que logró mantener, a la que asistieron varios demócrata cristianos, entre estos la senadora Yasna Provoste.

Los funcionarios contrataron al estudio de abogados Guerrero Olivos, uno de los más reconocidos y costosos de la plaza, para llevar adelante esta demanda.

Este episodio ilustra las tensiones que ha generado al interior de la corporación la llegada de Guzmán en 2019. Después de que el anterior secretario del Senado jubilara tras más de 40 años en el cargo, Raúl Guzmán obtuvo el cargo en un concurso público, apoyado por varios senadores de todo el espectro político que querían ‘aire fresco’ y mayor transparencia en la gestión administrativa.

Pero en ese camino, el ex fiscal se ha hecho de enemigos. Por ejemplo, las desavenencias del secretario con las senadoras Adriana Muñoz y Yasna Provoste se han ventilado más de una vez en la prensa. En los pasillos del Senado es un secreto a voces que hay un grupo de parlamentarios, la mayoría perteneciente a la ex Concertación, que no verían con malos ojos la partida de Guzmán. Un influyente asesor senatorial define así la situación actual: “Si sigue sumando errores, muchos senadores no lo van a defender”.

Desde el hemiciclo algunos parlamentarios se quejan de que el ex fiscal regional “no entiende que esto es política”, y otros le achacan falta de conocimientos en la gestión y tramitación de las leyes. “Se suponía que él debería tener un expertise total en estas materias, conocer el reglamento al derecho y al revés, pero en más de una ocasión ha demostrado no tener seguridad en el manejo legislativo”, afirma una persona que participa activamente en estos procesos. Este profesional apunta como indicio de esto el hecho de que Guzmán no se ha llevado bien con las dos últimas presidencias del Senado, la que encabezó Adriana Muñoz (PPD) y la actual de Yasna Provoste (DC).

Sin embargo, también hay un grupo de legisladores que defiende la gestión de Guzmán. “Él está haciendo la pega que se le encomendó”, comenta uno de ellos. “Está racionalizando los recursos administrativos y haciendo un esfuerzo por mayor transparencia”. Varios en este grupo, alguno de los cuales recién ingresaron en 2018 al Senado, creen que, en el fondo, hay una pugna de poder. “El antiguo establishment ha visto amenazado su poder al interior de la corporación y, claro, no faltan los senadores y senadoras que les gustaría tener a alguien más manejable en el cargo de secretario general”, dice uno de ellos.

Aunque a un grupo de senadores no les importaría sacar a Guzmán de su cargo, ello es poco probable. Se necesitaría de un voto de mayoría simple de toda la sala para que ello sucediera. Pero, afirman quiénes defienden su gestión, simplemente no hay argumentos de fondo para una remoción. “Por eso buscan anularlo, dejarlo fuera de juego”, dice un asesor parlamentario.

Uno de los argumentos que algunas senadoras y senadores han usado en la soterrada batalla es el encuentro que Guzmán sostuvo en un restaurante de San Miguel en junio del año pasado, en medio de la cuarentena de la primera ola de Covid-19. En la ocasión se juntó con un fiscal y un abogado de la fiscalía metropolitana sur.

Algunos asesores parlamentarios se quejan de que el ex fiscal “no entiende que esto es política”, y otros le achacan falta de conocimientos en la gestión y tramitación de las leyes.

Hace tres semanas el fiscal regional sur, Héctor Barros, propuso en un sumario destituir a ambos funcionarios, el fiscal Patricio Rosas y el abogado asesor Roberto Contreras. “La determinación es una potente señal de advertencia a los funcionarios que infrinjan las normas sanitarias dispuestas para combatir la pandemia”, sostuvo la Radio Bío Bío que reveló la sanción el lunes 3 de mayo. Por cierto, el propio Barros tiene pies de barro en este tema, tal cómo reveló INTERFERENCIA en el artículo ‘En plena pandemia en 2020, fiscal regional Héctor Barros trabajó durante más de dos meses desde el balneario de Los Vilos’.

El mismo día en que se dio a conocer la sanción en primera instancia a los funcionarios de la fiscalía sur, la Presidenta del Senado convocó a varios jefes de comité a una reunión informal a la hora del almuerzo. Entre los presentes estaban, según supo este medio, los senadores Manuel José Ossandón (RN), Jorge Pizarro (DC), José Miguel Insulza (PS), David Sandoval (UDI). En medio de conversaciones en torno a temas administrativos, Yasna Provoste puso ese tema sobre el tapete y habló del reportaje de la Bío Bío. “Mientras que a esas dos personas los dieron de baja, ‘al secretario del Senado no le pasa nada’ dice el reportaje”, les habría dicho Provoste a sus colegas. “Eso nos pone frente a una situación compleja, una situación bien compleja”, habría agregado.

Según un asesor parlamentario se trató de un intento de la senadora de tantear el terreno y los ánimos en torno a Guzmán.

La batalla con los secretarios de comisiones

Muchos funcionarios que llevan años -e incluso décadas- trabajando en el Senado se quejan del estilo de Raúl Guzmán. Según éstos, el secretario carece de consideración para con procedimientos y tratos históricos dentro del Senado. Apuntan como ejemplo de ello el fallido intento de desalojar de su oficina a Zaldívar, un hombre considerado por algunos como “una institución” dentro de esa institución. Por cierto, en su nuevo rol administrativo Zaldívar maneja un presupuesto anual que supera los 1.300 millones de pesos.

De pronto las desavenencias con la gestión que lleva adelante el secretario llevaron a 13 abogados que ejercen como secretarios de las comisiones de la cámara alta a interponer el 30 de abril pasado una demanda por tutela laboral en contra de Guzmán, en su calidad de representante legal del Senado. Alegan que la corporación les redujo de manera arbitraria las remuneraciones al realizar un ajuste a una asignación salarial que, según la secretaría del Senado, se habría calculado mal durante unos tres años.

En concreto, desde mediados del año pasado se les empezó a descontar partes de la llamada Asignación de Complemento de Jornada, lo que vio reducido sus ingresos mensuales en torno a los 200 mil pesos mensuales. Aunque todos ellos ganan, en promedio, más de 8 millones de pesos líquidos mensuales, con peaks en la remuneración bruta que en algunos meses incluso superan los 18 millones, la medida provocó su ira en parte por imponer una acción inconsulta con los trabajadores. De hecho, fueron informados de los descuentos mediante correos electrónicos a mediados de 2020 como un asunto ya zanjado.

“Mientras que a esas dos personas las dieron de baja, al secretario del Senado no le pasa nada”, habría dicho Yasna Provoste en referencia al encuentro entre Raúl Guzmán y dos funcionarios de la fiscalía sur en un restaurante en San Miguel el año pasado.

Los funcionarios contrataron al estudio de abogados Guerrero Olivos, uno de los más reconocidos y costosos de la plaza, para llevar adelante esta demanda. En esta exigen echar marcha atrás a los descuentos, reintegrar con intereses y reajustes los montos descontados hasta ahora (que suman unos 43 millones de pesos para los trece demandantes) y pagar las costas. Los ánimos hacia Guzmán quedan en evidencia en otra petición, en la que solicitan que el denunciado “[pida] disculpas públicas a los denunciantes por los descuentos realizados, a través de una publicación en el sitio principal de la página web del Senado, que ocupe a lo menos 20% de la página, por 1 semana, o a través del medio que SS estime conforme a derecho”.

INTERFERENCIA quiso conversar con Guzmán respecto de esta demanda, pero el secretario prefirió contestar a través de un comunicado escrito. En este asegura que la medida que afectó las remuneraciones de esos funcionarios forma parte de un plan de ajustes “en materia de austeridad, transparencia, de orden administrativo, normativo y de estructura funcional”.

Según el breve comunicado, “en ese contexto se encontró una incidencia identificada por equipos internos y corroborada por una auditoría externa, que afectó a 42 funcionarios(as). Se trata de un monto pagado en exceso, correspondiente a una asignación.  Lo anterior ha implicado que, desde un punto de vista administrativo, un grupo de funcionarios y funcionarias han reintegrado los montos pagados en exceso; otros han solicitado el descuento en la próxima remuneración y otros han pedido facilidades para el reintegro. Sin embargo, también hay 12 funcionarios (as) que han recurrido a la justicia por este motivo, entendemos, en el ejercicio de los derechos que la ley otorga”.

Este medio también quiso obtener la opinión de la Presidenta del Senado, quien dijo que no le corresponde a ella pronunciarse sobre esta demanda, sino al jefe de servicio, es decir al secretario Guzmán.

No todos los funcionarios apoyan la acción de los secretarios de comisiones. En privado, varios manifiestan que ésta puede generar un impacto negativo ante la opinión pública, toda vez que se trata de gente con un nivel de remuneraciones que los ubica entre el 1% más rico de la población según las estadísticas del INE. De hecho, uno de los abogados secretarios que interpuso la demanda, y que ingresó a esa corporación en abril de 1991, tiene una parcela de agrado en Olmué en la que incluso tendría una pequeña medialuna, ya que es fanático del rodeo.

“Reclamar por lo que son chauchas dado el nivel de ingresos que tienen, y eso en medio de una pandemia que tiene a mucha gente incluso pasando hambre… no sé, no me parece, aunque tal vez la ley les de la razón”, asegura un empleado profesional del Senado.

La mayoría de los demandantes inició su carrera en el Senado durante el gobierno de Aylwin. Y dos incluso ejercieron en las comisiones legislativas de la Junta Militar.

Por cierto, todos los demandantes tienen una larga trayectoria laboral en esa corporación lo cual los ha vuelto expertos casi imprescindibles en los recovecos del proceso legislativo. El que menos tiempo lleva, según consta en el documento judicial, es Luis Sepúlveda Vargas, que ingresó a ese poder del Estado en mayo de 2001. La mayoría inició su carrera en el Senado durante el gobierno de transición de Patricio Aylwin. Y dos son aún más antiguos e incluso ejercieron en las comisiones legislativas que se realizaban en el ex edificio Diego Portales en los años de la Junta Militar. Carlos Soffia Contreras entró al Senado en 1967, en pleno gobierno de Eduardo Frei Montalva, y Ximena Belmar ingresó en diciembre de 1980, en plena dictadura de Pinochet.

De todos modos, la demanda es sólo la punta del iceberg en la lucha de poder entre los funcionarios antiguos y el nuevo régimen que pretende instalar Guzmán.

Erwin Valencia, presidente de la Asociación de Funcionarios del Senado (Afusen), ha realizado en los últimos días intensas gestiones para tratar de consensuar una carta entre varias asociaciones del poder legislativo con el fin de asestar un duro golpe a la conducción del Senado. En un borrador al que tuvo acceso INTERFERENCIA, se dice que el gremio “no va a aceptar nunca más vulneraciones a los derechos de las y los trabajadores por una autoridad administrativa que pisotea principios básicos como el diálogo fructífero”. Esa versión de la carta, que presumiblemente se dirigirá a la Presidenta del Senado, habla de “una serie de actuaciones arbitrarias e inconsultas cometidas por el Secretario General, como la aplicación de descuentos arbitrarios e injustificados de remuneraciones”.

En cambio, otros funcionarios de esa corporación aseguran en privado que la pelea no es realmente entre los trabajadores y el secretario del Senado, sino entre las cúpulas gremiales y Guzmán. “Temen perder sus privilegios, están frustrados porque las cosas ya no se reparten entre cuatro paredes”, asegura una funcionaria. “Y eso incluso ha frustrado a algunos senadores que ya no pueden colocar a su antojo a su gente en altos puestos dentro del Senado”.