En noviembre de 2019 la comunidad decidió ingresar de forma indefinida en el fundo Santa Filomena que les pertenecía, pues -pese a que el Estado les reconoció la devolución de 1.000 hectáreas- ha sido imposible ejercer ese derecho. Hoy, la dueña actual -que se niega a vender- interpuso una querella por el delito de usurpación violenta de inmueble, robo de madera y secuestro, a la vez que pide a la comunidad que "se haga la idea" que Conadi no tiene dinero para comprar la tierra.