En entrevista con Interferencia, María José Escudero, directora de incidencia y desarrollo de Fundación Ronda, comenta distintas cuestiones que tienen que ver con la ley de inclusión laboral, que incentiva la incorporación de personas con discapacidad al mercado laboral. 

Sus servicios se consideran por el gobierno como un trabajo esencial, pero las empresas no los reconocen como trabajadores. Tampoco hay ley que los proteja, pues los proyectos duermen en el Congreso. Ante eso, la respuesta ha sido la sindicalización y la judicialización de sus casos, como lo es el primer juicio colectivo contra Pedidos Ya, aplicación que desvinculó a varios ridders por protestar por sus derechos laborales.