Sonda había presentado un amparo económico ante la Corte de Apelaciones de Santiago para lograr el pago de esta deuda. Pero se desistieron de esta acción judicial.

En la presentación, la compañía asegura que desde hace dos años la cartera –dirigida por Juan Carlos Muñoz– se ha negado a cancelar la acreencia. Argumenta que intentaron convocar a una mesa de negociación establecida en la ley para la “resolución de controversias”, sin éxito. La Corte acogió a tramitación el amparo y ordenó a la secretaría de Estado evacuar un informe donde explique su conducta.

Una reunión de mayo de 2019 marcó el quiebre definitivo entre socios y administrativos de la mutualidad. En la ocasión se cambiaron estatutos internos con artimañas cuestionables que motivaron a la PDI a recurrir a la justicia. La Fiscalía Económica Nacional comenzó una investigación sobre los movimientos financieros de la cuestionada mutualidad.