La empresa Sonda interpuso un recurso de amparo económico en la Corte de Santiago en contra del Ministerio de Transporte –dirigido por Juan Carlos Muñoz–, donde acusa que la cartera le adeuda casi $66 mil millones, pese a prestar los servicios tecnológicos para el sistema RED.

En la presentación, a la que accedió Interferencia, la firma asegura que la continuidad del transporte público, que atiende a 7 millones de personas en la Región Metropolitana, se encuentra en riesgo a raíz de la acreecencia.

En este sentido –detalla Sonda– la autoridad ha faltado al sentido de la buena fe y “la contraprestación que el MTT debe pagar a Sonda tampoco se ha pagado (...) monto alguno por la prestación de sus servicios”.

Estos, agrega, “permiten que todo el transporte público de la Región Metropolitana funcione y que millones de chilenos tengan acceso a uno de los servicios más fundamentales que requieren las personas”.

Lo llamativo, asegura Sonda, es que el contrato –firmado en febrero de 2023–, aún se encuentra en la Contraloría para su toma de razón. Esta, se colige del escrito, sería la razón para que el MTT no pague.

Sin embargo, usando una serie de dictámenes del organismo fiscalizador y fallos de la Suprema –que crean jurisprudencia– el dinero debe ser pagado porque los servicios fueron “efectivamente” prestados.

Actualmente, Sonda provee al transporte público el servicio de validación, provisión de equipos y software para el centro de atención especializada, minería de datos, equipamiento de zonas pagas, acreditación y homologación, entre muchos otros detallados en el acuerdo de voluntades firmado con el Estado.

Al mismo tiempo, el documento argumenta que Sonda se encuentra en una situación económica compleja porque desde hace dos años ha corrido con los gastos usando capital propio.

“(...) salvo excepciones, ninguna empresa tiene la capacidad de recursos humanos y económicos que le permitan cumplir durante 2 años un contrato de esta magnitud”, sigue.

Y agrega: “(...) ello obviamente no podrá continuar indefinidamente (...) generando un grave riesgo en la continuidad de servicios que son esenciales para la población (...)”.

El amparo interpuesto por Sonda, busca que el tribunal de alzada capitalino acredite que la conducta de Transportes, atenta en contra de la Constitución, donde se establece que un ciudadano puede desarrollar “cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional”.

El libelo fue acogido a tramitación y el pasado 2 de enero, ordenó a la secretaría de Estado que evacúe un informe en cinco días para explicar la situación.

Las reuniones

La compañía asegura que durante los últimos seis meses ha intentado infructuosamente negociar con el MTT, “sin haber tenido éxito”.

En esa línea, la firma solicitó el pasado 10 de septiembre convocar a una mesa de negociación citando una cláusula del contrato donde se establece un mecanismo de “resolución de controversias”.

Según Sonda, el MTT, sin expresión de causa, rechazó la conformación de la instancia el 16 de septiembre de 2024, pese a que el acuerdo de voluntades “no lo faculta para decidir unilateralmente, por sí y ante sí, si en su concepto existe o no un conflicto”.

Y cita la respuesta institucional: “En este contexto, esta secretaría ejecutiva no advierte cuál es la controversia que debe ser resuelta mediante este procedimiento, al no existir dudas, dificultades conflictos, disputas o diferencias respecto de la ejecución del contrato”.

La compañía insistió en su postura, pero nunca recibió respuesta, asevera en su presentación.

Transportes y Hacienda

Adicionalmente, apunta Sonda, es que en febrero de 2023, cuando se aprobó el contrato con el MTT en conjunto con el Ministerio de Hacienda, se emitió una resolución que “contiene conceptos prácticamente idénticos a lo que venimos señalando”. 

Y cita: “(...) el término de los servicios complementarios prestados por Sonda, afectaría gravemente la operación de todo el Sistema de Transportes, y en consecuencia, podría generar un menoscabo al normal desarrollo de las actividades económicas, sociales y culturales de la ciudad, la que el Ministerio se encuentra en deber de evitar.”

Y agrega que se trata de una “ conducta sistemática, en la cual el MTT acepta poner en riesgo el contrato en su totalidad (...) y por tanto la satisfacción de una necesidad pública de la ciudadanía”.

Al respecto, aseguran, que el 99% de las empresas que enfrentaran una cesación de pago por la cantidad reclamada,  “ya habría entrado en un procedimiento de liquidación concursal (quiebra)”.

”Si se tratara de una empresa internacional, probablemente recurriría al CIADI por lo ocurrido”, insisten.

El oficio del MTT

Por último, Sonda revela que el MTT, en un oficio fechado el 15 de junio de 2023 y enviado a Sonda, reconoce que los montos deben pagarse, “evitando de esa forma, el enriquecimiento sin causa en favor de la administración y conservando el equilibrio económico de las prestaciones”.