El anuncio de Sebastián Piñera contempla una partida de $ 890 millones, para crear un servicio nacional que unifique varios servicios dispersos y sus presupuestos. Una cifra insuficiente para atender el millón de delitos anuales del país. Solo las CAJs atienden 660 mil víctimas, promediando $92.000 por cada caso, y no recibirán un peso extra.