Tras la explosión de un artefacto manipulado en el interior del colegio durante la jornada de ayer miércoles, el Gobierno anunció una querella contra quienes resulten responsables, mientras Carabineros acusó que se trataba de material incendiario que sería utilizado en una manifestación. En respuesta, grupos de apoderados del establecimiento lamentaron la tragedia, llamando a apoyar a las familias de los afectados y a no criminalizar a menores de edad.

Además de reconocer la existencia de una coordinación entre la gestión de Alessandri, la policía uniformada y profesores del internado para delatar, detener y sancionar alumnos, la administración de Hassler ordenó eliminar toda la evidencia irregular emanada.

Gemma Montiel se desempeñaba como profesora asesora del Centro de Estudiantes del INBA entre los años 2006 y 2016. Fue acusada de instigar las movilizaciones estudiantiles mediante un sumario que tuvo como prueba 260 páginas de transcripciones de conversaciones por Whatsapp transcritas. Dice que la coordinación entre establecimientos, municipalidad y Carabineros existe hace mucho tiempo y que la prueba usada en su contra fue ilícita y manipulada.

A propósito de la asociación entre Carabineros, funcionarios municipales y profesores para delatar estudiantes, INTERFERENCIA conversó con la Corporación 4 de Agosto, cuyos abogados obtuvieron fallos favorables hacia menores expulsados en el contexto de Aula Segura.