Hace un año se detuvo a personas vinculadas a salas de juegos en el Biobío. Recientemente, la defensa de los imputados se enteró de que la Asociación Chilena de Casinos y Juegos, compuesta por grandes cadenas, pagó el traslado y acopio de las máquinas incautadas, siendo parte querellante y poniendo en riesgo la calidad de las pruebas.

El histórico militante de RN -actual miembro de la Comisión de Expertos para la Nueva Constitución- representó ese año a la Asociación Chilena de Casinos de Juegos, asistiendo a dos reuniones de lobby con autoridades de gobierno. Según Ribera, el gremio lo contrató para elaborar un requerimiento ante el Tribunal Constitucional el que, finalmente, nunca se concretó.

Al quiebre con los accionistas canadienses se suma ahora la demanda presentada en su contra por el ex gerente general de la operadora de juegos, Juan Francisco Muñoz. El gerente de Recursos Humanos también presentó una demanda y el ex gerente de y Finanzas presentará la en los próximos días.

Un fuerte lobby de parte de la industria del juego ha pretendido renovar los permisos de operación de 12 casinos bajo la legislación más antigua, la que no considera una oferta económica a las municipalidades. Considerando las nuevas licitaciones ocurridas bajo la ley vigente, en el caso menos oneroso, el aporte corresponde al 26,8% de las ventas, dato con el cual es posible dimensionar el perjuicio.