En junio de 2021 la Municipalidad de Isla de Maipo puso fin a 25 años de administración democratacristiana. El ex alcalde Carlos Adasme (DC), que había sido elegido en dos ocasiones consecutivas, fue derrotado en su tercera postulación al cargo por Juan Pablo Olave (independiente por cupo RN).

En septiembre la nueva administración de Olave se querelló por fraude al fisco por casi $4 mil millones contra Adasme, quien dejó inconcluso un proyecto de red de alcantarillado público, que comenzó en 2013 con un convenio entre el gobierno regional, con Claudio Orrego (ex DC) como intendente, y la Municipalidad de Isla de Maipo. 

A costo del GORE, se adjudicó a la empresa Inatec la nueva red de alcantarillas para casi 3 mil viviendas por $8.131 millones. Sin embargo, en noviembre de 2015, Adasme aprobó una modificación del contrato, incrementando su valor en $3.702 millones con la aprobación por parte del GORE, con Orrego de intendente. Además, el exalcalde también aprobó un incremento por reajuste de $162 millones. Nada de esto sería legal según las bases de la licitación, asegura la querella. Y, a pesar de todo, las obras no fueron concluidas. 

Contraloría comprobó que la corporación municipal percibió $14.511.262.516 en 2021, sobre los que “se comprobó que la tesorería realiza centralizaciones sin una periodicidad determinada, no pudiéndose discriminar el origen del ingreso y su monto”.

Hoy, a los problemas para Isla de Maipo heredados por la gestión Adasme, se suma una auditoría sobre la administración de la Corporación Municipal durante 2021, realizada por Contraloría y publicada el 7 de diciembre pasado.

En el documento de 62 páginas se da cuenta de una serie de irregularidades dentro de las corporaciones de educación y salud de la comuna, auditadas durante todo el 2021, fecha que si bien incluye a la nueva administración de Olave, no presenta irregularidades durante su gestión.

De esta forma, Contraloría comprobó que la corporación municipal percibió en subvenciones y aportes $14.511.262.516 en 2021, sobre los que “se verificó que no existe un control del registro de aquellos, toda vez que, de la información puesta a disposición se comprobó que la tesorería de la corporación municipal realiza centralizaciones por montos globales y sin una periodicidad determinada, no pudiéndose discriminar el origen del ingreso y su monto”.

En esta línea, para trabajar sobre los ingresos del área de educación la auditoría tuvo que considerar la información “proveniente del sistema de órdenes de ingreso y no la emanada del sistema contable”. 

A esto se sumó que, del total de los $14 mil millones sin contabilidad, el módulo de tesorería posee planillas que discrepan entre los montos ingresados y los disponibles para el área de educación, por un total de $538 millones. 

Así mientras que el ingreso para educación en 2021 es de $8.638 millones, las planillas de control apuntan “recursos por $8.100.376.936, produciéndose entre ambos, una discrepancia de $538.349.100”.

Según el informe de Contraloría, “las situaciones expuestas denotan un incumplimiento de lo consignado (en) los estatutos de la corporación, en orden al cuidado de la recaudación de las entradas y tener bajo control los ingresos, que le asiste al secretario general”. 

La gestión de Adasme pagó $10 millones a Fundación Arrayán del fondo SEP sin que se acreditaran las labores realizadas. Y los 4 informes que sí fueron presentados son idénticos.

Por otra parte, Contraloría también señaló los problemas para la corporación respecto a caja y manejo de recursos. Como se mencionó, durante 2021 la corporación municipal ingresos efectivos $14.511 millones, sin embargo la auditoría registró que los gastos reales ascendieron a $17.244 millones. Esto sumado a una deuda de años anteriores que se elevó sobre los $335 millones, 

Según Contraloría, esto corresponde a un “eventual déficit de caja” de $3.068.209.451, los que deberán ser supervigilados por el tesorero de la corporación, “con arreglo a los acuerdos del directorio; y que le asiste al secretario general el deber de cuidar la recaudación de las entradas y tener bajo control los ingresos, respectivamente”.

Asesorías sin respaldo

Otra irregularidad apuntada por el informe de Contraloría señala el pago efectuado a Fundación Arrayán por asesorías en procesos de rendición de cuenta de establecimientos subvencionados administrados por la corporación municipal.

A la cabeza de esta fundación se encuentra la contadora auditora Blanca Reyes, señalada con múltiples contratos en los municipios de Recoleta, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo, La Pintana y El Monte.

Según la auditoría, la gestión de Adasme pagó $10 millones de pesos a Fundación Arrayán del fondo de Subvención Escolar Preferencial (SEP) sin que se acreditaran las labores realizadas. Y que, más grave aún, fue la constatación de que los 4 informes de actividades que sí fueron presentados, correspondientes a los meses de abril y mayo de 2021, sean todos idénticos.

Cabe señalar que a la cabeza de esta fundación se encuentra la contadora auditora Blanca Reyes, señalada por un reportaje de Tele13 con múltiples contratos a honorarios en las áreas de educación en los municipios de Recoleta, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo, La Pintana y El Monte hasta diciembre de 2021.