El Serviu removió al fiscalizador de la obra, tras denunciar que la constructora Noval, del holding Salfacorp, no contaba con los antecedentes ni permisos para ejecutar el proyecto y que demoró el inicio de la construcción más de seis meses. Aún así, el servicio entregó el terreno, perdonó una cuantiosa multa por el retraso y otorgó un aumento de $1.155 millones en el subsidio.

Este es uno de los contratos más abultados de un organismo dependiente del Ministerio de Justicia. No solo aparece Sonda, perdiendo en uno y ganando en otro, sino que ambos procesos se parecen en la forma completamente legal, en que un solo proveedor quedó como el más probable ganador. En este caso se pasó por alto el historial de controversias y las acusaciones de corrupción que tiene la empresa británica que postula en conjunto con la firma chilena.

En enero Camilo Morán fue formalizado por falso aviso de bomba, dado durante un evento de cierre de campaña del senador Galilea (RN). Hace una semana, Carabineros reportó al tribunal que el ex parlamentario no se presentó a cumplir con la cautelar de firma mensual, a instancias que el tribunal fijó audiencia para el cierre de la investigación. Morán se defiende señalando que firmó anticipadamente y que la funcionaria policial a cargo no le indicó que estaba incurriendo en un error.

En abril, Contraloría tomó razón de la sanción final contra Christian Alveal por dejar sin efecto un sumario que lo involucraba por eventual pago de doble remuneración. El ex funcionario y hoy asesor de la candidata de derecha fue sancionado con una anotación en su hoja de vida. Además, fue condenado por acoso laboral en 2023, caso por el que sigue reabrió otro sumario en su contra.

En septiembre de 2024, tras una auditoría de CGR, la DGMN denunció a una lista de propietarios de armas que habían fallecido y cuyos herederos no habían reportado su tenencia. Sin embargo, la semana pasada el Ministerio Público decidió no perseverar en la investigación. Siete días después, Contraloría publicó una nueva auditoría a la pérdida de armas, remitiendo antecedentes similares a Fiscalía.

Aunque, según información en su Linkedin, Serrano inició su carrera en Parquemet en 2014 tras un paso por el Ministerio de Vivienda con la entonces ministra Paulina Saball. Bajo el actual gobierno, ascendió a directora de comunicaciones y posteriormente a jefa de gabinete, llegando a ganar $4.600.000. 

El organismo constató irregularidades en un informe reservado. Más de 1.200 visitas al machi Celestino Cordova, lo mismo con ex agentes de la dictadura. Pérdida de sumarios. Falta de allanamientos, drogas sin cadena de custodia y abogados que ingresaron un mismo día a cárceles de distintas regiones del país.

La solicitud fue enviada al organismo fiscalizador el pasado 7 de enero y firmada por el presidente de la instancia Stephan Schubert, ya que el secretario de Estado no ha concurrido a dos “invitaciones”. En todo caso, el jefe de gabinete de este último, envió a la instancia las disculpas del caso, cuyos argumentos, lejos de apagar la molestia de los parlamentarios, la encendió con más fuerza.

La decisión fue adoptada por el fiscal oriente contra el crimen organizado, Miguel Ángel Orellana. La determinación es la resultante del informe de Contraloría revelado ayer por Interferencia que estableció el extravió de 179 ampollas del opioide y otras 79 de morfina en dependencias de la policía uniformada.

En un comienzo, la administración de Tomás Vodanovic estuvo centrada en mejorar lo que había dejado el paso de Cathy Barriga por el municipio. Aumentó el presupuesto a SMAPA, disminuyó el déficit municipal, revitalizó la plaza de Maipú y controló el comercio informal. No obstante, a nivel interno, Vodanovic también ha enfrentado críticas por parte de los trabajadores a honorarios.

Las diligencias que encabeza el fiscal regional Centro Norte avanzan a pasos agigantados, pero los problemas de La Moneda están lejos de terminar.  A la crisis política se suma otra al interior de la policía civil, mientras el actual subsecretario del Interior, Luis Cordero, intenta hacer frente a la tormenta. En tanto, ayer los abogados de la ex autoridad solicitaron acceso a la carpeta de investigación..

El fiscal Francisco Ledezma deberá tomar esa decisión. Esto luego de que la parte querellante en el caso solicitó que sea revisada la extracción que hizo la Fiscalía Oriente -en el marco del “caso audio”- al celular de Hermosilla, quien patrocinó a Martorell por casi dos años.

La indagatoria de la Fiscalía Centro Norte lleva cuatro años y la ex secretaria de Estado no ha sido formalizada. Es altamente probable que la solicitud sea rechazada por el tribunal de garantía.

Según la investigación de la fiscalía el dinero para ese pago provino de Factop. El actual ministro de la Corte Suprema indicó a Interferencia que se trató de honorarios por un informe en derecho elaborado en 2019, cuando ejercía de manera privada su profesión.

La auditoría apunta a omisiones del municipio en la licitación que ganó Maquinarias Olmué, así como a recurrentes tratos directos con esta empresa, en meses que funcionarios del área de finanzas publicaban juntas con el hermano del dueño en RRSS.

La denuncia solicita evaluar las elevadas asignaciones para tres asesores que no cumplirían con la normativa y que la nueva directora trajo de su paso por Capredena, institución que dejó tras acusaciones de maltrato de las asociaciones de funcionarios. Jefaturas ya pidieron reunión con Interior.

La auditoría señala que la entidad dependiente de Hacienda no solicitó autorización a la DIPRES para utilizar la cuenta de anticipos parciales para el pago en totalidad a proveedores. También se constataron $111 millones en multas sin cobrar, $119 millones en pagos duplicados y $61 millones en pagos sin acreditar.

La decisión la adoptó la Comisión de relaciones internas y ética del gremio y tendrá una duración indefinida. La noche del martes, Schiodtz se había adelantado a la situación, anunciando la suspensión voluntaria de sus labores gremiales. En el caso de la mutualidad, el ejecutivo ocupaba la presidencia del directorio.

Tras una publicación de Interferencia en la que se dio cuenta de informes reservados de la Contraloría y el Ministerio Público que apuntan a que Schiodtz habría recibido pagos de la multinacional canadiense para favorecer contratos mientras era miembro del directorio de ENAP, esta federación gremial decidió que el caso sea visto por la comisión de relaciones internas y éticas del gremio. El ex director de Enap anunció la suspensión de su labor como consejero en dicho organismo y evalúa medidas por investigación en su contra.

Tras una publicación de Interferencia en la que se dio cuenta de informes reservados de la Contraloría y el Ministerio Público que apuntan a que Schiodtz habría recibido pagos de la multinacional canadiense para favorecer contratos mientras era miembro del directorio de ENAP, esta federación gremial decidió que el caso sea visto por la comisión de relaciones internas y éticas del gremio.

Informes reservados de la Contraloría y el Ministerio Público apuntan a que mientras era miembro del directorio de ENAP, Paul Schiodtz habría recibido pagos de la multinacional canadiense para favorecer contratos.

La auditoría señala que la omisión “conlleva el riesgo de que la gestión de las camas no se realice de manera ordenada” y que no se ajusta a transparencia y control. También apunta a registros de pacientes que fueron derivados después de fallecer: "afecta la calidad y confiabilidad de la información".

El organismo de control señaló que las tasaciones encargadas por la Municipalidad de Santiago no permiten justificar el desembolso de $8.200 millones para dicha compra. Además,  instruyó sumarios para establecer responsabilidades administrativas por esta compraventa y por no abstenerse de realizar diligencias para insistir en la operación luego de las observaciones que Contraloría hizo un pronunciamiento previo.

Contraloría detectó falta de datos en la contabilidad de $14 mil millones transferidos a la Corporación Municipal en 2021, junto con $538 millones que difieren de las planillas de control de tesorería del área de educación. Además, constató un eventual déficit de $3 mil millones en caja, entre otras irregularidades que deberá justificar la nueva administración.

Una de sus primeras medidas como director nacional subrogante en 2018 fue dejar sin efecto un sumario que lo involucraba en un caso de irregularidades en la gestión de un diplomado que habrían implicado una doble remuneración para el funcionario. Contraloría resolvió hace una semana sancionar al ahora ex director nacional con una amonestación en su hoja de vida.

El contrato vigente desde junio de 2020, implica un préstamo de US$48 millones del BID y exige aportes locales por el mismo monto en 5 años. El órgano ejecutor es la Subsecretaría del Interior. Al 31 de diciembre de 2021, el BID había desembolsado US$2,6 millones  y se ejecutaron sólo US$330 mil. No se realizaron las reuniones del comité coordinador comprometidas y tampoco hubo aportes locales. Desde la administración anterior atribuyen las demoras a problemas burocráticos.

Sebastián Piñera debe decidir si acoge la sanción de un mes de suspensión sugerida para Roberto Erpel (UDI) a raíz de múltiples irregularidades en la compra directa de 18 mil canastas en 2020. La empresa Tobar y Tobar fijó precios sobre mercado y no contaba con giro ni inicio de actividades para vender alimentos.

Además de reconocer la existencia de una coordinación entre la gestión de Alessandri, la policía uniformada y profesores del internado para delatar, detener y sancionar alumnos, la administración de Hassler ordenó eliminar toda la evidencia irregular emanada.

Christian Alveal se sumó a una demanda contra el Fisco con el propósito de recuperar el sistema de pensiones de Gendarmería, que hasta 2016 les permitía jubilarse con millonarios montos y que fue un escándalo por el caso de la ex esposa de Osvaldo Andrade (PS). Actualmente el Consejo de Defensa del Estado lleva una querella por fraude al Fisco en contra de quienes obtuvieron dichas pensiones.

Idemia Identity & Security Chile fue escogida en licitación como la empresa que en los próximos 72 meses estará a cargo del arriendo de equipos para que los uniformados identifiquen a la ciudadanía. El ruido de esto es que la compañía fue multada por el Registro Civil y ha enfrentado diversos cuestionamientos precisamente por el sistema de identificación del organismo.