Unos 200 carabineros, al mando del coronel Alberto Apablaza y mayor Rolando Rodríguez, armados con metralletas, carabinas y revólveres, penetraron violentamente en la madrugada del domingo 9 de marzo de 1969 en un terreno que habían ocupado en los días previos más de 90 familias, que sumaban cerca de 500 personas, que dormían tranquilamente en el lugar, un sitio eriazo situado a unos tres kilómetros del centro de Puerto Montt.

La orden la había dado el intendente subrogante, Jorge Pérez Sánchez, previa consulta con el ministro de Interior, Edmundo Pérez Zújovic.
Sin aviso previo, los miembros del Grupo Móvil –equivalente entonces a lo que hoy son las fuerzas especiales- procedieron a destruir y quemar las ranchas y carpas levantadas por los pobladores sin casa, mientras lanzaban bombas lacrimógenas para desalojar a los ocupantes.

Los pobladores intentaron defenderse con lo que tenían a mano y hombres, mujeres y niños fueron apaleados sin contemplaciones. Ante los ruidos, el humo y las bombas, acudieron vecinos de las poblaciones populares del sector y trataron de ayudar a los afectados. En un momento de extrema tensión los carabineros se atemorizaron y empezaron a disparar al bulto. Nueve hombres cayeron heridos de muerte en el mismo lugar o en las inmediaciones, un bebé de nueve meses pereció ahogado por los gases lacrimógenos y otras 52 personas resultaron heridas a bala.

El día anterior, el sábado 8 de marzo, el mismo mayor Rolando Rodríguez, acudió dos veces a conversar con los habitantes de la toma. En la segunda oportunidad lo hizo acompañado por el regidor y recién electo diputado socialista Luis Espinoza Villalobos. Entre ambos les anunciaron que al día siguiente los empadronarían y les pidieron que estuvieran tranquilos, asegurándoles que el problema de la toma se solucionaría.

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La toma de Pampa Irigoin

Durante la semana previa, ya iniciada la progresiva toma el martes 4, dirigentes de los ocupantes se entrevistaron con el intendente subrogante, el gobernador de Llanquihue, Jorge Pérez Sánchez, y algunos parlamentarios, quienes les aseguraron que la situación se estaba estudiando y que lo más probable es que los trasladaran a un sector más adecuado.

En las últimas horas del sábado 9, sin embargo, el gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva decretó el Estado de Emergencia en la provincia, reforzó al número de carabineros y ordenó la detención del regidor Luis Espinoza. El diputado socialista recién electo se encontraba en la localidad de Llanquihue, hasta donde llegó para arrestarlo una patrulla de Investigaciones y conducirlo al cuartel de la policía civil de Puerto Montt.

Cerca de las tres de la madrugada del domingo 9 un bus con carabineros del Grupo Móvil se estacionó frente al cuartel y unos 30 policías rodearon el local mientras el coronel Alberto Apablaza ingresaba y solicitaba a los detectives que se le entregara al detenido. Los oficiales de Investigaciones se rehusaron y el coronel tuvo que retirarse advirtiendo antes que regresaría muy pronto en busca de Espinoza.
Los detectives decidieron entonces enviar de inmediato al regidor socialista a Valdivia, temiendo por su seguridad.

El propietario de los terrenos de la toma era Rociel Irigoin Oyarzún, un acaudalado agricultor, comerciante, masón y bombero, quien nunca presento una demanda judicial contra los ocupantes, lo único que hizo fue dejar una constancia de los hechos en carabineros. Por aquellos días antes de la matanza ya estaban avanzadas las conversaciones con el Ministerio de  Vivienda para la compra del predio y la construcción de una población Corvi.

La Pampa Irigoin era un terreno baldío ubicado en el sector alto de Puerto Montt. No era útil para la faena agrícola, eran pantanosos y húmedos de muy mala calidad; sólo algunos animales de la feria de Osorno pastaban por aquellos días. En 1968 se produjo una toma en el sector por un grupo de 70 pobladores que formaron un comité de los sin casa apoyados por el diputado socialista Luís Espinoza. Esta gente de zonas rurales que habían vivido un proceso de proletarización acelerada dejando sus hábitos campesinos y entrando a todos los códigos de la vida urbana tenían una condición laboral precaria -obreros de la construcción, en vialidad, carpinteros, feriantes, vendedores de leña o simples cesantes-, que con sus familias arrendaban o vivían allegados en poblaciones marginales de la ciudad.

A pesar de los conflictos con carabineros en diciembre de 1968 los ocupantes le fueron concedidos terrenos que comenzaron a pagar en una cuota de un 10% de su valor real. Sin embargo pronto llegaron 150 individuos más a ocupar terrenos y el 4 de marzo de 1969 esta situación se desbordó con el arribo de otros 400 lo que agudizo la tensión con las autoridades locales.
Los dardos apuntan a Pérez Z.

Conocida la tragedia y sus antecedentes en el resto del país, las reacciones fueron durísimas y en su mayoría apuntaron al ministro del Interior, Edmundo Pérez Zújovic, quien había dado la orden de proceder al violento desalojo.

Los más violentos epítetos los recibió el ministro desde la directiva de la Juventud Demócrata Cristiana, encabezada en aquel momento por Enrique Correa Ríos, el mismo que hoy dirige la empresa de asesoría de comunicaciones Imaginaccion.

La JDC y la Democracia Cristiana Universitaria, DCU, culparon a Pérez Zújovic. "Este nuevo acto represivo del gobierno no es sino la consecuencia de una política cada día más alejada y contraria a los intereses populares, que necesita, por tanto, imponerse cada vez con una mayor cuota de autoritarismo... ", declararon los jóvenes en una carta donde pidieron la salida inmediata de Pérez Zújovic y recibiendo el apoyo de los diputados Rafael Agustín Gumucio, Alberto Jerez, Vicente Sota y Julio Silva Solar.

Esos eran los últimos escarceos del partido con los jóvenes demócrata cristianos. En las semanas siguientes la mayoría de la JDC se marginaría del PDC para fundar el MAPU.

Poco más de dos años después de aquella tragedia, el 8 de junio de 1972, durante el gobierno de la Unidad Popular, Edmundo Pérez Zújovic fue asesinado en un atentado en contra de su vida por un grupo de afiebrados miembros de la Vanguardia Organizada del Pueblo, VOP, algunos de los cuales se volaron con explosivos días más tarde frente al cuartel central de la policía de Investigaciones. Otros de los asesinos fallecieron en un enfrentamiento con detectives.

Aquel atentado tuvo oscuros entretelones. Varios extranjeros que fueron detenidos por Investigaciones por su implicancia en el crimen de Pérez Zújovic, lograron salir de su encierro y huyeron del país sin que nunca más se supiera de ellos. Entre ellos había una aparente religiosa brasileña y un ciudadano japonés.

El 2 de diciembre de 1973 el diputado socialista por Puerto Montt, Luis Espinoza Villalobos, fue asesinado en las inmediaciones de Frutillas por miembros de Carabineros y de la Fuerza Aérea de Chile. Lo detuvieron el 12 de septiembre de ese año y lo mantuvieron en el cuarto piso de la Gobernación de Llanquihue, donde era ferozmente torturado día por medio. Su hijo Fidel Espinoza Sandoval hoy también es diputado de la República.

Las personas que murieron aquella madrugada en Pampa Irigoin son: Luis Alderete Oyarse, 19 años; José Aros Vera, 27 años; Federico Cabrera Reyes, 24 años; Jovino Cárdenas Gómez, 29 años; José Flores Silva, 19 años; Arnoldo Gonzales Flores, 34 años; Robinson Montiel Santana, 9 meses; David Montiel Valderas, 34 años; José Santana Chacón, 64 años y Wilibaldo Vargas Vargas, 31 años.

Habla Allende

El 13 de marzo de 1969 el presidente del Senado, el doctor Salvador Allende, emitió la siguiente intervención en el Congreso:
“Quiero señalar que estuve en Puerto Montt. Por lo tanto, lo que voy a decir lo he vivido, observado, conversado y discutido.

“Digo, midiendo mis palabras, que a mi juicio, éste ha sido un crimen colectivo y que hubo en él premeditación y alevosía. No se me escapa la gravedad de lo que estoy sosteniendo. Pero ¿por qué lo digo? ¿cuáles son los hechos? No ha habido ocupación de terreno, sino ampliación de una población que empezó a formarse hace ocho o diez meses y que estaba terminada. Ello sucedió el día 4 de marzo. Ciertamente fueron ocupándose terrenos adyacentes a esa población, para ampliarla, hasta que llegó el día viernes 7, me parece a ser de setenta o noventa el número de ocupantes que levantaron allí sus modestas, humildes viviendas de madera, enarbolando la bandera patria. Carabineros no intervino.

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El senador Allende visita la toma de Puerto Montt

“El día 8 de marzo óigalo bien el Senado ¡el día 8 de marzo! A las 11.10, el comisario de Puerto Montt, mayor Rolando Rodríguez, llega al domicilio del regidor y diputado electo, compañero Luis Espinoza y le pide acompañarlo a los terrenos ocupados. Lo espera, porque Espinoza estaba enfermo en cama. Juntos, en el “Jeep” de carabineros, llegan donde se encontraban los ocupantes de los sitios, y el comisario justifica su presencia diciendo que su propósito es hacer una encuesta. Pide a los dirigentes, por medio del compañero López no sé qué domicilio político tenga; hablo de “compañero”, porque es un trabajador, los nombres de esos pobladores. Le son indicados 51 nombres y se le agrega que son más, pero que la lista no está completa y que en la tarde le serán proporcionados los demás. En la tarde, el jefe de Carabineros manda a dos de sus hombres de civil, a quienes se entrega la lista de los cuarenta y tantos nombres restantes.

“¿Qué dice el comisario a la gente? Que estén tranquilos, que respeten el trazado de las calles, que no se va a suceder nada. Y ese hombre que busca al regidor a quien el gobierno y el subsecretario del interior, con impudicia y cobardía, han calificado de responsable material de los hechos; ese hombre que va allí a hacer una encuesta, ¡es el que manda la tropa dieciséis horas más tarde!

“En mi vida he visto, Señor Presidente, un hecho de tal naturaleza. Esa actitud requiere una explicación inmediata. ¿ Cómo es posible que el comisario vaya a buscar al que después será sindicado como responsable, se ampare en su autoridad moral frente a la gente y más tarde ordene disparar impune, cobarde y arteramente contra los trabajadores.

“Pero hay más, el señor Espinoza se retiró poco después de que se fuera el mayor de Carabineros. Regresó a su casa, y el sábado en la tarde fue al pueblo de Llanquihue, vecino a Puerto Montt, de donde regresó a la una de la mañana, porque había ido a un festejo de su victoria electoral. Al llegar muy cerca de su casa es detenido por personal de Investigaciones que llevaba una orden del intendente subrogante y secretario en propiedad, de apellido Pérez Sánchez. Es llevado al cuartel de Investigaciones y se le notifica que debe ser trasladado de inmediato a Valdivia. Estando ahí con los jefes de Investigaciones, llega el coronel Apablaza, con veinte o treinta carabineros armados que rodean el cuartel, y solicita se le entregue el detenido. Investigaciones rehúsa. El coronel Apablaza se defiende, injuria al detenido y le dice qué le va a ocurrir pocas horas después y que no se ha de librar. Se retiran el Coronel Apablaza y su tropa. Deliberan los jefes de Investigaciones y resuelven que vayan, no dos o tres, sino cinco o seis funcionarios, en una camioneta, a dejar al detenido en Valdivia, pues temen lo que ocurrió a cinco kilómetros de la ciudad de Puerto Montt: un furgón de Carabineros intercepta la camioneta de Investigaciones, y un oficial de baja graduación, acompañado de tres soldados, reclama se le entregue al señor Espinoza. De nuevo, los jefes de Investigaciones rehúsan, y, frente a la actitud amenazante de carabineros, les dicen que ellos también están armados.

“Señores senadores, ¡qué extraño es oír a un político relatar estos hechos! Es lo que ha dicho Luis Espinoza en presencia de diez mil personas en los funerales, en Puerto Montt. Y está comprobado por el fiscal y por el intendente subrogante, coronel de aviación señor Antonio Espinace.

“Me refiero al hecho de que el mayor Rolando Rodríguez estuviera con el regidor en la población, y a que el coronel Apablaza fuera con tropa, a reclamar el detenido ¿qué explicación valedera puede darse de esas actitudes? ¿puede alguien admitir que carabineros iba a realizar una encuesta, dado su proceder posterior? ¿Puede alguien imaginar que un jefe de la graduación del coronel Apablaza reclamara un detenido por temor a que la población fuera a rescatarlo al cuartel de Investigaciones? ¿Y que, camino a Valdivia, fuera nuevamente requerido en igual sentido el personal de Investigaciones? Lo sucedido obedecía, a mi juicio, a sola intención: cometido el error de detener, a la una de la mañana, al regidor Espinoza, se le quería llevar a la población para proceder después sindicarlo como el responsable material y acribillarlo como se acribilló a los pobladores.

“¡Qué desproporción, señores senadores! Lo sucedido en Puerto Montt, además de ser crimen colectivo, fue un crimen premeditado: se retiró al intendente Bartolomé Palacios y se nombró en calidad de subrogante al secretario abogado titular señor Pérez Sánchez, hermano de otro abogado a quien el regidor señor Espinoza acusó públicamente de tener responsabilidad en el homicidio de una menor de diecisiete años. Ese abogado Pérez Sánchez fue condenado en primera instancia y absuelto después por la Corte porque la familia de la muchacha no tuvo abogado. ¡Tal es el drama económico de esa pobre gente!

“Durante las pocas horas en que fue intendente subrogante el señor Pérez Sánchez con intervención directa de él, se suscitó el drama. Él fue quien solicitó autorización para proceder, la que le fue entregada por el ministro por intermedio del subsecretario. Al mismo tiempo, dio la orden de hacer detener al regidor Espinoza. Ya he señalado la enormidad jurídica que esto implica: órdenes administrativas en ambos casos.
“La ocupación de los terrenos fue, como he dicho, una simple ampliación de una ocupación anterior, que dio origen a la población “Ampliación Manuel Rodríguez”, porque allí existía desde antes la población “Manuel Rodríguez”. Hace seis u ocho meses se tomaron esos terrenos, pertenecientes al mismo propietario y que forman la llamada “Pampa Irigoin”, que ahora se denomina con razón “Pampa de sangre”. El sector ocupado últimamente está separado por un trazo que será algún día calle, llamado “Magallanes”. Es decir, entre la “Ampliación Manuel Rodríguez” y los terrenos en que se suscitó el drama no hay veinte metros de distancia: es útil no olvidarlo, lo que más adelante daré a conocer.

“La ocupación de ahora fue tolerada. Se hizo a la luz pública, de día y en forma paulatina, a partir del 3 de marzo. El desalojo ocurrió el 8 de marzo. ¿Por qué carabineros no procedió antes?

“Otro hecho corrobora que hubo premeditación, y este hecho no ha sido negado ni se han atrevido a ponerlo en duda: el mayor Rodríguez fue a la casa del regidor señor Espinoza óiganlo bien, señores senadores a pedirle, ¡a ese “delincuente prontuariado”!, cuyos antecedentes, falsos por ciertos, tenía el ministerio y fueron publicados al día siguiente del drama, que lo acompañara para realizar una encuesta. Y el mayor Rodríguez estuvo junto con el regidor más de una hora conversando con los pobladores, a quienes dijo que respetaran los trazos de las futuras calles, qué nada ocurría.

“Hubo premeditación, porque se trasladó allá a más de doscientos carabineros de las provincias de Osorno, Chiloé y Valdivia. Y después de ocurrido el hecho que condenamos, llegó el grupo móvil de Santiago en aviones de la Fuerza Aérea.

“Sostengo que, además de ser el de Puerto Montt un crimen colectivo y premeditado, ha sido alevoso, porque la actuación del mayor Rodríguez permite así afirmarlo: Fue a estudiar las condiciones del terreno en que iba a operar dieciséis horas después

“Señor presidente, carabineros actuó con el poder de fuego propio de una guerra. A eso también se debe que la mayoría de los heridos y de los muertos no fueran ocupantes: las víctimas se encontraban en la población “Ampliación Manuel Rodríguez” la cual, como dije hace un instante, está separada sólo por el trazo de una calle, a veinte metros, de los terrenos en cuestión.

“Y aquí se encuentran las fotografías las entregaré para que sus señorías las vean tomadas por ese profesor universitario. En ellas pueden verse algunas casas de la Ampliación Manuel Rodríguez, cuyas murallas tienen el espesor de una tabla. Una bala de carabina puede atravesar tres, cuatro, cinco o más viviendas miserables. Eso fue lo que ocurrió: fueron asesinadas personas que no participaban en la ocupación y que estaban en sus casas. Allí murieron algunas de ellas”.

“Hay más señores senadores. Me cuesta decirlo, y no por la responsabilidad que pueda caer sobre mí, porque lo voy a expresar públicamente. Se asesinó óigalo bien el Senado, se asesinó a un muchacho de diecinueve años cuyo nombre tengo y daré a conocer en pocos minutos más. Una o dos horas después de la masacre y hay testigos que lo acreditarán, cuando todavía había heridos que continuaban desangrándose, cuando, lógicamente, no pudo hacer otra cosa que gritar “¡Asesinos!”, entonces se rubricó el asesinato, porque lo balearon. ¡Una o dos horas después! Su nombre es Arnoldo Gonzáles Flores.

“Por tanto, insisto en que se trata de un crimen, de un homicidio premeditado y alevoso, es decir, con dos agravantes definitivas.
“No voy a suponer que el Presidente de Chile ordenara la matanza; pero sí puedo decir que, lamentable y dolorosamente, el señor Edmundo Pérez fue llevado al ministerio del interior como símbolo de la mano dura, nombre de una política que no pusimos nosotros, señores senadores, sino los propios democratacristianos que reclamaron su implantación en un acto único en la historia de Chile, después de la masacre de El Salvador.

“Pero también hubo algo de tipo personal, porque la actuación del intendente Pérez Sánchez, que duró prácticamente 36 horas, tenía el sello del encono familiar en contra del diputado electo señor Espinoza, por haber sido éste quien denunció al hermano de aquél. Tan sospechosa, irresponsable y torpe fue la actuación del intendente subrogante, que duró 36 horas, ya que, producidos los hechos, fue removido, colocándose en su lugar al jefe de la plaza coronel Espinace, buscando en la autoridad moral de un hombre que viste el uniforme de los soldados de Chile la serenidad que quería darse a quienes seguramente no habrían tolerado que siguiera como jefe de la provincia un hombre con los antecedentes políticos y con la manera de actuar del secretario de la intendencia.

“Pues bien, a mi juicio, queda claramente establecido el porqué de este crimen y las características que ha tenido”.