La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la ONU indican que los dos años de pandemia de Covid-19 han provocado un retroceso de casi dos décadas en cuanto a los derechos de mujeres y niñas. Esto da pie a concluir que pese a los esfuerzos de diferentes gobiernos y organizaciones, los cambios en materia de igualdad de género que se han observado hasta ahora no son estructurales. 

Tal vez en Chile entre los avances más importantes, desde el voto femenino, esté la conformación paritaria de constituyentes que están redactando la Nueva Constitución, siendo este un peldaño crítico para el progreso hacia una equidad de género sustantiva. 

El gobierno que asume se ha declarado ‘feminista’ y las primeras decisiones que ha tomado dan cuenta de esa voluntad. De partida tendrá una conformación paritaria en los gabinetes ministeriales y desde ahora el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género estará instalado en el La Moneda y su ministra, Antonia Orellana (CS), formará parte del Comité Político. 

Hace dos años, justo cuando se había declarado la pandemia, habíamos manifestado que el ambiente científico académico, lejos de ser neutro, es un espacio de poder donde se disputa la igualdad y equidad entre mujeres y hombres, de la misma forma que ocurre en la vida política. Hoy nos preguntamos ¿En qué hemos avanzado? 

En cinco años, de un universo de 60 Universidades, hemos pasado de dos mujeres designadas rectoras a cinco, de las cuales tres han sido electas por mecanismos de elección democrática. Hoy la Universidad de Chile, por primera vez en su historia, tiene a dos candidatas mujeres (Kemy Oyarzún y Rosa Devés) y a dos hombres compitiendo para la rectoría de la principal universidad del país. 

Hace dos años, justo cuando se había declarado la pandemia, habíamos manifestado que el ambiente científico académico, lejos de ser neutro, es un espacio de poder donde se disputa la igualdad y equidad entre mujeres y hombres, de la misma forma que ocurre en la vida política. Hoy nos preguntamos ¿En qué hemos avanzado? 

Este 10% de mujeres rectoras es un claro llamado de atención a la academia y a los ambientes donde se genera el conocimiento. Instituciones que están un paso más atrás en representatividad de la mujer, en todos los ámbitos, pero sobre todo en cantidad de mujeres en puestos de decisión. 

El Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI) hoy cuenta con un diagnóstico sobre algunos de los obstáculos en cuanto a participación de las mujeres en CTCI: brechas de género en la formación, en la participación en la académica, brechas de género en I+D y en las trayectorias científicas (publicaciones, solicitud de patentes, entre otras). 

El Ministerio ha promovido una incipiente política de igualdad de género y algunos instrumentos -Observatorio de Datos, Huella de Género, InEs Género, entre otras- orientados a visibilizar estas brechas y mejorar indicadores cuantitativos que permitan medir los avances hacia la paridad. 

Como han señalado investigadoras del Observatorio de Género y Equidad (OGE), existe un riesgo importante en el hecho de que la política pública de igualdad de género se enfoque sólo en la reducción de brechas y que los  instrumentos que están siendo aplicados no se traduzcan en cambios estructurales. 

Los trabajos comparativos en género y equidad antes y después de la pandemia apuntan a que existe una necesidad de reflexión y cambio profundo sobre las desigualdades en las relaciones de poder entre hombres y mujeres, que aborde la división sexual del trabajo, sin esto los cambios no serán sostenibles en el tiempo. La transformación cultural y la generación de condiciones materiales y no materiales (no siempre medibles) son las bases que harán sostenible los avances en materia de igualdad. 

Para que la paridad en la academia y el ámbito del conocimiento se consoliden de manera sustantiva, se requerirá de una coordinación intersectorial estratégica comandada por el Ministerio de Ciencia. Hoy, ya no es suficiente articularse como tradicionalmente se hacía, tan solo, con el Ministerio de Educación y la Comisión Nacional de Acreditación, sino que además, es necesaria la coordinación con otras carteras del gobierno, incluído el Ministerio de la  Mujer. En otras palabras, hace falta más política y no sólo política de datos para lograr una transformación significativa y perdurable.  

Entendiendo la ciencia y el conocimiento como un derecho y un bien común, la participación de las comunidades es crucial en la ecuación para la igualdad. 

Durante La revuelta de 2019 y en las urnas por una nueva Constitución para Chile en 2020 y 2021, se estableció el ideario de un nuevo pacto social donde la participación ciudadana era una demanda esencial. Las ciencias y el conocimiento participativos, no se pueden excluir de este imaginario común. 

Hoy, ya no es suficiente articularse como tradicionalmente se hacía, tan solo, con el Ministerio de Educación y la Comisión Nacional de Acreditación, sino que además, es necesaria la coordinación con otras carteras del gobierno, incluído el Ministerio de la  Mujer. En otras palabras, hace falta más política y no sólo política de datos para lograr una transformación significativa y perdurable.  

Hoy en la Convención Constituyente se discute el derecho al acceso de los ciudadanos a las ciencias y el conocimiento y a gozar de los beneficios que estos brindan. Asimismo, se discute el rol del Estado como garante de tales derechos, por lo que las instituciones dedicadas a generar, gestionar y/o financiar la ciencia y el conocimiento estarán involucradas de una manera u otra en la materialización de dicho mandato constitucional, que quedaría supeditado a las normas relativas a la igualdad y equidad. 

En esta constelación de variables y actores, el cambio en el modo como se produce el conocimiento debe ser sustancial. La manera cómo se genera la evidencia científica y el conocimiento inciden directamente en el diseño de las políticas públicas y pueden ser un motor de transformaciones estructurales no sólo en materia de género. 

Esta visión debería considerar perspectivas de género, interseccionalidad y  territorialidad para que los productos finales de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación, permitan que nuestro país avance en materias de justicia social, económica y ambiental. 

Florencia Tevy,  es PhD, Universidad de Bologna y parte de la Red de Investigadoras

Paulina Pavez V. es MA, investigadora del Observatorio de Género y Equidad, y parte de la Red de Investigadoras.