Abogados por Palestina presentó un requerimiento formal ante la Contraloría General de la República para que investigue al embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik, por la entrevista que concedió el pasado 26 de agosto al programa estadounidense  “Defending Israel”, un foro que él mismo eligió y que se declara destinado a fortalecer el apoyo a ese Estado.

Presentado como embajador de Chile, Zaliasnik acusó a la comunidad palestina chilena de “jugar con las cifras porque eso es política”, aunque admitió que sobre su número “solamente podemos especular”. Aunque solo se le preguntó por su tamaño, habló de la “radicalización” de “algunos sectores pequeños” sin individualizar personas, organizaciones ni hechos. Eso equivale a afirmar que entre ciudadanos chilenos hay grupos proclives a la violencia: una sospecha que no pueden refutar.

Un mapa que borra a Palestina

Toda la entrevista transcurrió frente a un mapa que incluía Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza dentro de Israel. El embajador no formuló reserva alguna, pese a que Chile reconoce al Estado de Palestina desde 2011. Calló justo donde debía representar a Chile.

Lo que la Ley Zamudio exige al Estado

El Estatuto Administrativo prohíbe a todo funcionario la discriminación arbitraria en los términos de la Ley Zamudio, que protege, entre otras, la etnia, la nacionalidad y la opinión política. Esa prohibición puede examinarse en un sumario, sin esperar un fallo judicial, junto con la honra que la Constitución garantiza a todas las personas.

El cargo al servicio de una causa propia

La probidad exige imparcialidad y anteponer el interés general al particular. Zaliasnik presentó su misión como “mi desafío”, fundado en su condición de “orgulloso sionista”, según sus propias palabras, y no en la política del Estado; tildó al gobierno anterior de “extrema izquierda”, pese a su deber de prescindencia política, y afirmó que Chile estaría pasando a abstenerse en la ONU, un voto que la Constitución reserva al Presidente.

Dos estándares

El embajador solo lamentó términos que “pueden resultar ofensivos”, y el Gobierno, aunque reconoció que “cometió un error”, no abrió sumario y se limitó a un “llamado al orden”, figura que no existe entre las sanciones del Estatuto Administrativo. En 2025, en cambio, la Cancillería puso término a la destinación de la embajadora en Nueva Zelanda por sus declaraciones.¿Por qué la vara es distinta esta vez?

Lo que se exige

Que la Contraloría investigue a fondo si el embajador actuó con autorización y conforme a sus deberes de probidad, imparcialidad y no discriminación arbitraria, ordene el sumario correspondiente y fije reglas generales para las intervenciones públicas de los embajadores.

“No se trata de las creencias del embajador, sino del uso de su cargo. Si todo termina en un llamado al orden, el mensaje para todo el servicio exterior es que la probidad, y la honra de ciudadanos chilenos, son negociables. No lo son”, señaló Paula Abugattas Nazal, abogada de Abogados por Palestina.