El arbitraje comercial chileno funciona, en buena medida, en un circuito cerrado. Cuando dos empresas firman un contrato y pactan resolver sus disputas por esta vía en lugar de acudir a los tribunales ordinarios, el caso queda en manos de árbitros designados según reglas propias de cada centro, con procedimientos reservados y sin la publicidad ni los mecanismos de control que existen en la justicia estatal. El Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago (CAM-CCS) es la institución más usada del país para este tipo de conflictos, y su nómina de árbitros —cientos de abogados— decide buena parte de las disputas comerciales entre bancos, empresas y particulares.

Ese sistema descansa en un supuesto básico: que el árbitro sea independiente de las partes y de sus intereses. Para eso existen las declaraciones de independencia y los deberes de revelación, pensados para que las partes sepan, antes de aceptar a un árbitro, si existen vínculos que podrían comprometer su imparcialidad. El problema es que esa revelación depende en gran medida de lo que el propio árbitro decida informar, sin que existan controles ordinarios equivalentes a los de la justicia estatal.

En julio, Interferencia documentó un rasgo poco visible de ese sistema: algunos de los estudios que representan a bancos y grandes empresas ante el CAM-CCS tienen, al mismo tiempo, a varios de sus socios en la nómina de árbitros de la institución. Ese reportaje identificó a Ortúzar Vergara Boetsch (OVB) como uno de esos estudios: representaría al Banco de Crédito e Inversiones (BCI) en el conflicto con Bodegas Maquirent, mientras Álvaro Ortúzar, Cristián Boetsch y Diego Navarrete —los tres socios de la firma— integraban la nómina arbitral del CAM-CCS-CCS.

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Nuevos antecedentes entregados a este medio permiten examinar ahora una situación más concreta que esa coincidencia estructural, y que tiene nombre propio: Álvaro Ortúzar. En un arbitraje tramitado desde 2023, Ortúzar no fue solo un socio más de un estudio con clientes bancarios: fue el árbitro que debía resolver la controversia entre Inmobiliaria Santa Julia e Inmobiliaria Santa Carolina, por una parte, e Inmobiliaria Antonio Bellet, por la otra. 

Documentos públicos muestran que, antes y durante ese procedimiento, el propio Ortúzar y su estudio actuaron para BCI. Las sociedades reclamantes sostienen que esos antecedentes no les fueron revelados al momento de aceptarlo como árbitro.

Una inmobiliaria ligada a Yarur

Antonio Bellet fue constituida para desarrollar un edificio habitacional y comercial en Providencia. Según antecedentes publicados en 2022, un 50% de su propiedad correspondía a Inmobiliaria JY, relacionada con Empresas JY —matriz no financiera vinculada a Luis Enrique Yarur—, un 30% a Inversiones y Rentas Recoleta, y el resto se distribuía entre sociedades ligadas a Alfonso Fuenzalida y su familia.

El conflicto arbitral surgió tras el quiebre entre los socios y comprendió cobros por gerenciamiento del proyecto, comisiones y gastos posteriores. Ortúzar aceptó el encargo en septiembre de 2023 y declaró su independencia. Según Santa Julia y Santa Carolina, esa declaración omitió un dato: años antes, Ortúzar había representado a Luis Enrique Yarur y a Empresas Juan Yarur en una controversia familiar y societaria promovida por Jorge Yarur Bascuñán en torno a acciones del BCI. Esa asesoría, conocida públicamente por la prensa que cubrió el conflicto de 2013 y 2014, fue el primer vínculo que los reclamantes dicen haber identificado, y lo hicieron después de dictado el laudo.

El componente familiar volvió a aparecer más tarde: en la causa vinculada a Inversiones Tarascona, BCI encargó nuevamente su defensa a Ortúzar frente a una demanda atribuida a una sociedad del propio Jorge Yarur Bascuñán. Que Ortúzar haya intervenido en dos controversias separadas por más de una década, defendiendo en ambas los intereses de BCI o de Empresas Juan Yarur frente al mismo grupo familiar, da cuenta de una relación profesional que no se interrumpió. Eso no prueba que Luis Enrique Yarur haya intervenido en el encargo de 2025 ni que la familia haya influido en el arbitraje Bellet, pero sí desmiente la idea de una asesoría aislada y cerrada en 2014: la revisión de expedientes públicos encontró actuaciones bastante más recientes de Ortúzar para el mismo banco.

Veintiséis días antes del arbitraje

Una de las piezas centrales está en la causa C-34.907-2019, del 19° Juzgado Civil de Santiago, iniciada por la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (ODECU) contra BCI por la licitación de seguros de desgravamen asociados a créditos hipotecarios. El expediente registra una actuación de abogados de OVB por el banco fechada el 31 de agosto de 2023. Veintiséis días después, el 26 de septiembre, Ortúzar aceptó y juró como árbitro en el caso Bellet.

La relación no se detuvo ahí. El 24 de diciembre de 2024, con el arbitraje Bellet todavía en curso, ODECU y BCI suscribieron un avenimiento por 43.200 UF. En el documento, publicado por el propio banco, Álvaro Ortúzar y Cristián Boetsch figuran expresamente como los abogados que asistieron a BCI. Ninguno de estos antecedentes demuestra que Ortúzar haya asesorado a Inmobiliaria Antonio Bellet ni que el banco fuera parte del arbitraje; lo que sí muestran es una actuación profesional personal de Ortúzar para BCI durante el mismo período en que él mismo ejercía como árbitro en una controversia que involucraba a una sociedad del entorno de Luis Enrique Yarur.

La relación sigue en 2025

Otros documentos apuntan en la misma dirección. En la causa C-38.811-2018, del 27° Juzgado Civil de Santiago —relativa a Inversiones Tarascona y BCI—, constaría una delegación de poder del 16 de mayo de 2025 a favor de Ortúzar y otros abogados de OVB. Según los antecedentes reunidos, Tarascona pertenece a Jorge Yarur Bascuñán, el mismo que había promovido el conflicto de 2013-2014 contra Luis Enrique Yarur y Empresas Juan Yarur.

Ese mismo mes, un registro de la Ley del Lobby individualiza a Nicolás Vergara —otro de los fundadores de OVB— representando a BCI Seguros en una gestión vinculada a una denuncia ante el SERNAC. El antecedente no se refiere a Ortúzar personalmente, pero confirma una nueva actuación del estudio que él encabeza para una sociedad del grupo BCI mientras el arbitraje Bellet seguía abierto.

Los directorios internacionales del mercado legal refuerzan esa lectura: Chambers incluye a BCI entre los clientes clave de OVB tanto en litigios como en asesoría informada por el estudio, y Legal 500 lo identifica como cliente relevante en libre competencia, consignando además que OVB representó al banco en la causa iniciada por la Fiscalía Nacional Económica por abuso de posición dominante.

El laudo y la búsqueda posterior

Ortúzar dictó el laudo en noviembre de 2025. El resultado fue adverso para Santa Julia y Santa Carolina en los aspectos sustantivos de la disputa y acogió parcialmente las pretensiones de Inmobiliaria Antonio Bellet. Los reclamantes sostienen que las dudas surgieron primero por la forma en que se valoraron la prueba y los argumentos de ambas partes, y que la búsqueda sobre las relaciones profesionales de Ortúzar comenzó después. 

Las sociedades llevaron el caso a distintas instancias judiciales. Una llegó a la Corte Suprema, luego de que la Corte de Apelaciones rechazara una queja vinculada al arbitraje. El máximo tribunal declaró inadmisible el recurso el 24 de julio de 2026, por tratarse de una queja dirigida contra una resolución que ya había resuelto otra queja.

Uno de los ministros de la Corte Suprema, Álvaro Vidal, agregó una opinión separada al fallo —lo que en derecho se llama una "prevención"— en la que dijo que, si de él hubiera dependido, habría anulado el laudo por su cuenta, sin que ninguna de las partes se lo pidiera. Su cuestionamiento apunta a algo puntual: cree que Ortúzar se equivocó al calcular el plazo de prescripción de una de las indemnizaciones reclamadas en el juicio, es decir, el tiempo que existía para demandar antes de que ese derecho caducara. Para Vidal, ese error era lo bastante grave como para justificar anular el laudo. Esa opinión no tiene efecto práctico —el laudo sigue vigente— y tampoco representa la postura de la Corte Suprema en su conjunto, sino solo la de un ministro. Aun así, es un dato relevante: mientras la mayoría del tribunal rechazó el recurso por un motivo puramente formal, sin entrar al fondo del asunto, Vidal sí lo revisó y encontró un error en cómo Ortúzar resolvió ese punto específico del caso.

Conviene aclarar algo para no sacar conclusiones apresuradas de este episodio: el recurso ante la Corte Suprema no era contra Ortúzar, sino contra los ministros de la Corte de Apelaciones, y se armó principalmente con los antecedentes que ya se conocían en una primera etapa de la investigación, incluida la asesoría que Ortúzar le dio a los Yarur en 2013 y 2014. Los antecedentes que surgieron después —sobre ODECU, Tarascona, BCI Seguros y Maquirent— no fueron revisados a fondo en ese proceso judicial. Por eso, este fallo de la Corte Suprema no puede presentarse como si hubiera validado, desde el punto de vista judicial, todas las relaciones de Ortúzar que se conocieron más tarde.

Una superposición ya no abstracta

El reportaje "¿Juez y parte?" mostró que OVB reúne abogados que litigan e integran, paralelamente, las nóminas del CAM-CCS. El caso Bellet agrega una dimensión que hasta ahora no aparecía documentada públicamente: Ortúzar, socio fundador de OVB, actuando efectivamente como árbitro mientras su propio estudio mantenía encargos contemporáneos para BCI, un actor empresarial relacionado con el entorno económico de una de las sociedades involucradas en el caso que él mismo resolvía.

La coincidencia no permite anticipar por sí sola una conclusión sobre el laudo. Pero sí muestra por qué, en un sistema privado, costoso y con pocas herramientas de impugnación, la transparencia sobre los clientes y relaciones profesionales de un árbitro como Ortúzar es una de las pocas vías que tienen las partes para evaluar su independencia antes de que decida una controversia sin la publicidad ni los controles ordinarios de los tribunales estatales.

La pregunta pendiente del sistema

Las normas éticas del CAM-CCS contemplan deberes de independencia e imparcialidad para los árbitros y mecanismos para conocer reclamos contra ellos. La controversia no consiste en que Ortúzar deba dejar de arbitrar por el solo hecho de que su estudio tenga clientes relevantes: el punto es qué relaciones debió informar para que las partes pudieran evaluarlas y ejercer oportunamente sus derechos.

En el caso de Ortúzar, esa pregunta puede formularse sin afirmar que hubo corrupción o que el resultado del laudo estuvo determinado por el entorno Yarur. Basta una pregunta más básica: si Santa Julia y Santa Carolina hubieran sabido que el estudio de Ortúzar seguía actuando para BCI, ¿habrían considerado esa información relevante al momento de aceptarlo o mantenerlo como árbitro?

Interferencia envió consultas a Álvaro Ortúzar —directamente y a través de su estudio, OVB— y al CAM-CCS Santiago, sobre la vigencia de estas relaciones, las revelaciones efectuadas y los eventuales conflictos de interés. El CAM-CCS Santiago respondió que no se pronuncia sobre casos específicos por su carácter confidencial, y señaló que el deber de revelación está consagrado tanto en su Código de Ética y Buenas Prácticas como en su Reglamento Procesal de Arbitraje Nacional. Álvaro Ortúzar no respondió a ninguna de las dos consultas enviadas.