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Lunes, 21 de octubre de 2019
Primer Tribunal Ambiental

Aymaras reclaman daño ambiental de la Minera Collahuasi en el Salar de Coposa

Paula Huenchumil

Primer Tribunal Ambiental

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Primer Tribunal Ambiental

La Asociación Indígena Aymara de Coposa presentó una reclamación contra la Superintendencia de Medio Ambiente, por la resolución de esta en que aprobó el programa de cumplimiento de la minera Doña Inés de Collahuasi, mediante la cual la empresa se asegura la extracción de agua hasta 2040.

El miércoles 2 de octubre el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta realizó la audiencia de reclamación de la Asociación Indígena Aymara de Coposa contra la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) por la resolución con que esta aprobó el Programa de Cumplimiento de la Compañía Minera doña Inés de Collahuasi, suspendiendo además el procedimiento administrativo sancionatorio en su contra.

En una sesión que duró cerca de tres horas, el Primer Tribunal Ambiental -con sede en Antofagasta- escuchó los alegatos que interpuso la Asociación Indígena Aymara de Coposa que pretende dejar sin efecto la resolución exenta del 16 de mayo de 2019 que benefició a Collahuasi, puesto que considera que la decisión de la SMA no es admisible por tratarse de un infractor con imcumplimientos reiterados y graves a la normativa medio ambiental.

Collahuasi pertenece a la británica Anglo American (44%, la que también es dueña de la mina Los Bronces en conflicto con los glaciares cordilleranos frente a Santiago), la multinacional suiza Glencore (44%) y al consorcio de compañías japonesas lideradas por Mitsui & Co., Ltd. (12%). Según señala la memoria anual de 2018 de la compañía, la cual opera sus propias minas en la I Región de Tarapacá, en 2018 tuvo ingresos por 3.241 millones de dólares y utilidades netas por 1.014 millones de dólares.

En 2018, Collahuasi produjo una cantidad de cobre fino de 559.147 toneladas, “la producción más alta en sus más de 20 años de operación”, dicen en su memoria anual 2018 (el promedio del precio del cobre en 2018 fue de 2,96 dólares la libra).

Respecto a su relación con los pueblos indígenas, en el sitio web de Collahuasi se señala que su trabajo se fundamenta en una Política de Desarrollo Sustentable, en la cual enfatiza que la compañía "reconoce, valora y respeta las culturas, costumbres, patrimonio y valores de las comunidades y pueblos originarios, basándose en el cumplimiento de sus valores y de los principios voluntarios a los que adhiere, así como la legislación y los tratados y acuerdos internacionales vigentes en Chile".

El reclamo

Sin embargo, la comunidad indígena reclama lo contrario y señalan que están enfrentadas a la minera por los recursos hídricos y el daño medioambiental causado al Salar de Poposa. La reclamación representada por Wilson Challapa Choque y la abogada Carolina Sagredo Guzmán, enfatiza en que las operaciones de Collahuasi afectan directamente el territorio indígena que han habitado ancestralmente la cuenca de Coposa, ubicada en el altiplano en la comuna de Pica, Región de Tarapacá, donde históricamente los aymaras han llevado una forma de vida basada en el pastoreo, en un lugar de un ecosistema que presenta características únicas.

El reclamo destaca la importancia del vínculo de la comunidad con el ecosistema, como un ser vivo más, donde suceden sus formas de subsistencia, reproducción y organización de su cultura.

La reclamación en contra de la Superintendencia de Medio Ambiente, fue atendida por Mauricio Oviedo y los ministros Marcelo Hernández y Cristián Delpiano, mientras que Carolina Sagredo Guzmán representó a la comunidad indígena; Javier Vergara a la minera Minera doña Inés de Collahuasi y Pamela Torres Bustamante a la SMA.

Según informa el Primer Tribunal Ambiental, la abogada reclamante solicitó dejar sin efecto la "resolución del órgano fiscalizador y que se rechace el programa de cumplimiento presentado por la empresa minera con el fin de que dicho organismo continúe con el proceso sancionatorio".

En la audiencia la abogada Sagredo señaló que la resolución de la SMA es inadmisible pues se trata de un "infractor con incumplimientos reiterados y graves a la normativa medio ambiental", cuyo comportamiento infraccionado habría provocado ya grave daño ambiental al Salar de Coposa. "La compañía ofrece un nuevo plan hidrogeológico con el fin de extender sus operaciones al 2040 y seguir extrayendo agua", argumentó Sagredo.

En tanto, la abogada litigante de la SMA señaló que "es cierto que la empresa no realizó todos los monitoreos de ave y fauna", pero que la existencia de una infracción no es suficiente como para que "no se pueda presentar un programa de cumplimiento”. Por su parte, el defensor de la minera manifestó que la reclamación se presentó fuera de plazo y que Collahuasi intenta convivir adecuadamente con las comunidades indígenas.

El Primer Tribunal Ambiental ahora deberá resolver si aceptan o rechazan la reclamación, proceso que podría durar algunos meses.

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