El inicio de estos eventos letales que afectan a especies que están bajo protección de acuerdos y leyes nacionales e internacionales, ocurrió el 12 de septiembre pasado tras la denuncia del varamiento de un ejemplar de ballena Sei, el cual presentaba un amarre (cabo) alrededor de su cuerpo, entre el espiráculo (fosas nasales) y las aletas pectorales.

Esta infracción fue denunciada por una investigación de la Fundación Terram junto a otros 94 casos de sobreproducción, todos dentro de áreas protegidas. De esta manera, la salmonera que forma parte del conglomerado Agrosuper arriesga una sanción por hasta 5.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA), la clausura del recinto o la revocación de su permiso ambiental.

Datos de Sernapesca indican que produjeron 8.111 toneladas de salmón en 2019 cuando tenían permitidas 125. La multinacional canadiense asegura que no les pueden imponer límites productivos, ya que su centro fue instalado antes de la creación del SEIA y, por tanto, no se les puede exigir una Resolución de Calificación Ambiental.

Con esta medida, la Superintendencia deja la decisión en la División de Sanción y Cumplimiento, quienes podrían formular cargos para dar otro revés a este proyecto emplazado en áreas protegidas y cuestionado en el pasado por daño a sitios arqueológicos y bosque esclerófilo.

La salmonera presentó sus planes para compensar su autodenuncia inicial por 81 mil toneladas de salmón sobreproducido. La empresa calculó el costo de implementación en $64.000 millones de pesos. Tendrían 58 centros para seguir operando.

Se trata de una licitación para el desarrollo del proyecto Hidrógeno Verde Bahía Quintero. El dinero proviene íntegramente de SQM a través de una cláusula del contrato de arrendamiento para la explotación del Salar de Atacama modificada en 2020, condición con la que la empresa de litio pudo visar a las licitantes.

La Red Metropolitana No Alto Maipo y la ex concejala de San José de Maipo, Maite Birke, presentaron dos recursos de casación contra el fallo que absolvió a la hidroeléctrica de tres reclamaciones interpuestas el 2018. Recientemente, el proyecto se declaró en quiebra producto de reducciones en el precio de la energía y la disminución significativa de la hidrología en los últimos 10 años.

A través de su cuenta de Twitter, la Superintendencia de Medio Ambiente anunció que suspenderían “plazos en procedimientos de fiscalización y sanción” a causa de la crisis sanitaria que vive el país. INTERFERENCIA constató que al menos dos de cuatro proyectos inmobiliarios ubicados en área de protección ecológica en las comunas de Lo Barnechea y Chicureo continúan con los trabajos.

La Asociación Indígena Aymara de Coposa presentó una reclamación contra la Superintendencia de Medio Ambiente, por la resolución de esta en que aprobó el programa de cumplimiento de la minera Doña Inés de Collahuasi, mediante la cual la empresa se asegura la extracción de agua hasta 2040.

Cristián Franz entró en mayo como socio a un estudio de abogados para ofrecer asesorías a empresas del rubro acuícola. Franz descarta cualquier conflicto de intereses, y afirma que no trabajaría con clientes que le soliciten ayuda para eludir la ley.

El proyecto Pampa Camarones SpA, propiedad de Minería Activa -una empresa de LarrainVial- está a la cabeza del ránking de multas impagas en la Superintendencia del Medio Ambiente, fondos que se adeudan a la Tesorería General de la República. El dato es uno más en la historia de esta compañía localizada en la región de Arica y Parinacota, en la que abundan daños ambientales y conflictos laborales.

Sanciones penales a quienes ocasionen un daño ambiental, un rol protagónico a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) en la persecución de estos delitos y responsabilidad penal de las personas jurídicas, fueron los puntos estrella del proyecto de ley. Sin embargo, el texto de la ley no cumple lo prometido por las autoridades y lo engorroso de los procedimientos podría anular las sanciones.

El 11 de diciembre se publicó en el Diario Oficial la creación del nuevo parque, que era la penúltima unidad de la red de protección más grande de Sudamérica que se aprobó en el gobierno anterior. Sin embargo, el ministro Felipe Ward dejó afuera miles de hectáreas del proyecto original, para favorecer una posible explotación por parte de la minera de oro y plata Equus Mining.