En medio de la crisis por rebajas de condenas, la mayor que ha enfrentado Kast en lo que lleva de gobierno, el Ejecutivo ya anunció un nuevo golpe para el bolsillo de las familias: el aumento de 40 pesos por litro en los combustibles, que se hará efectivo este jueves 12.

En marzo, cuando recién se instalaba el gobierno, se produjo la primera gran crisis para el Mandatario: el “bencinazo”. Desde el Ejecutivo anunciaban que la bencina de 93 subiría 370 pesos por litro y el diésel 580, el mayor aumento desde que existen registros, tras modificar el Mepco por la vía administrativa. El resto ya es conocido: desde la Secom comunicando que el Estado estaba “en quiebra”, a la baja en la popularidad de Kast producto de estas medidas. Según Pulso, esos cambios le dejaron a Hacienda un ahorro cercano a los 1.600 millones de dólares. 

Ahora, el jueves se sumará un nuevo aumento, el sexto consecutivo, en medio de la crisis provocada por las rebajas de condena reveladas por Interferencia y de unos camioneros que ya no le están dando tregua.

Y llega con un Presidente golpeado en las encuestas: la aprobación de Kast cayó a 26% en Cadem a inicios de noviembre, su nivel más bajo. La última medición lo ubica en 29%, con 68% de desaprobación, y el desempleo y el alza de las bencinas aparecen como los principales temas que debe resolver su gobierno. Criteria, en tanto, lo midió en 24%, con 67% de desaprobación. El gobierno llega a esta semana con varios frentes abiertos a la vez, y casi todos nacen de decisiones del propio Ejecutivo.

Del bencinazo al tope

En marzo, el diésel pasó de 950 a 1.530 pesos por litro, un alza de 62%. Era el combustible que más golpeaba al transporte, y Kast defendió la medida con un argumento fiscal: “No podemos comprar popularidad a costa de dineros que no tenemos”.

Hoy el mismo Mepco aparece como solución. El alza de 40 pesos del jueves es el mínimo permitido por la legislación actual, y Hacienda cifró en 1,1 billones de pesos el impacto fiscal del mecanismo entre agosto y octubre. Dicho de otro modo: el gobierno que ahorró con el bencinazo ahora vende como alivio el piso que le permite la ley.

El anuncio de fondo es un proyecto para limitar a 20 pesos por litro las futuras alzas durante 90 días. La iniciativa tendrá discusión inmediata, pero requiere aprobación del Congreso, por lo que el tope todavía no está vigente. Llega después de seis alzas consecutivas.

Camioneros sin tregua

Los bloqueos partieron entre la noche del lunes y la madrugada de este martes, en la Ruta 5 Norte y la ruta A65, en Pozo Almonte, y en la Ruta 5 Sur, cerca de Los Ángeles, donde se reportó congestión. Al cierre de esta nota, se anunciaban nuevos bloqueos en Antofagasta y se suspendía el retiro de basura domiciliaria en Temuco por el paro.

Los convocantes consideran insuficientes los anuncios del gobierno y exigen cambios al mecanismo de estabilización, eliminar el impuesto específico y revisar peajes y TAG. El paro no es unánime: las confederaciones nacionales de Dueños de Camiones y del Transporte de Carga no adhirieron.

La respuesta del Ejecutivo tiene dos tonos. Quiroz había elogiado la contención de los camioneros desde el bencinazo, mientras Kast los llamó a “pensar en Chile” y pidió diálogo. El vocero Gonzalo Arenas confirmó que las conversaciones continuarán, pero advirtió que están preparados para “restaurar el orden y la libre circulación”. Del elogio a la advertencia en cuestión de semanas.

Un Presupuesto a la rastra

El conflicto estalla en plena discusión del Presupuesto 2027. El lunes, la Cámara aprobó en general el proyecto con 80 votos a favor, 63 en contra y una abstención, en una sesión marcada por los enfrentamientos. La oposición impidió el ingreso del director de Presupuestos, José Pablo Gómez, al hemiciclo, y un cruce entre la diputada Consuelo Veloso (FA) y el republicano Diego Vergara obligó a suspender momentáneamente el debate.

El ministro Jorge Quiroz protagonizó uno de los momentos más tensos. Acusó a los parlamentarios de que la mayoría “hablan por el reel”, lo que le valió un llamado de atención del presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), quien le pidió referirse al tema y no a la labor parlamentaria. Su intervención duró cerca de seis minutos y estuvo acompañada de gritos y pifias.

El apoyo tampoco fue compacto. El PDG aportó nueve votos favorables, pero tres de sus diputados votaron en contra y otros dos no participaron. La bancada presentó 165 indicaciones y exigió corregir recortes sociales.

La votación en particular partió este martes con 2.242 indicaciones. El proyecto llegó a la Sala con un revés a cuestas: la Comisión Mixta lo despachó con las partidas de Educación y Ciencia rechazadas, y Quiroz no repuso los recursos rechazados al Servel y a Ciencias. El gobierno tiene hasta el 30 de noviembre para sacarlo del Congreso, y mientras tanto la ANEF ratificó un plan de movilización escalonada por los recortes, el reajuste salarial y las contratas.

Decretos: el frente que no cierra, ahora suma una querella contra Rabat y Silva

La crisis de los decretos sigue sin cerrarse. Una querella del abogado Gabriel Salinas contra el ministro Fernando Rabat y el exsubsecretario Luis Silva los acusa de prevaricación administrativa por las rebajas de penas a condenados por violaciones de derechos humanos, y solicita incautar correos y revisar sus teléfonos. Son diligencias solicitadas, no ejecutadas. En otra investigación, la Fiscalía pidió a Justicia los decretos de rebajas.

El gobierno, por su parte, amplió la suspensión de las rebajas de condena a todos los delitos, e informó que Rabat paralizó la firma de estos beneficios desde el jueves pasado, a la espera de resolver la situación de quienes están acogidos a la ley.

El resultado es un Ejecutivo que va un paso atrás en cada frente: corrige en los decretos tras la revelación, anuncia un tope que aún no rige cuando ya van seis alzas y llega a la votación del Presupuesto con partidas rechazadas que todavía debe intentar reponer.