La votación del proyecto de ley que establece el voto obligatorio para las próximas elecciones, pero que hasta el momento dejó sin multas para quienes no concurran a las urnas, ha generado controversia tras ser despachado al Senado por la Cámara de Diputados. 

La propuesta original contemplaba multas de entre $34 mil y $204 mil exclusivamente para ciudadanos chilenos que no votaran en las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre; sin embargo, esta disposición fue rechazada en la votación, principalmente por el bloque oficialista.

Por lo mismo, tras la aprobación de la iniciativa en la Cámara de Diputados, el proyecto será remitido a la comisión de Gobierno del Senado donde la oposición buscará restablecer la multa.

En esa línea, los líderes de la oposición en la Cámara Baja anunciaron la suspensión de la tramitación de proyectos del Ejecutivo en las comisiones como represalia hacia el Gobierno por “no cumplir su palabra”. De ese modo, anunciaron que esta medida se mantendrá en vigor hasta que se reincorpore la discusión referente a la multa en el proyecto de voto obligatorio.

Los diputados Johannes Kaiser (PNL), Cristián Araya (P. Republicano), Henry Leal (UDI), Frank Sauerbaum (RN), Francisco Undurraga (Evópoli), y la promotora de la iniciativa, Joanna Pérez (Demócratas), también comunicaron que no respaldarán la presencia de subsecretarios en la Sala de la Cámara.

El diputado Sauerbaum enfatizó que no se facilitará el trabajo legislativo "hasta que el Gobierno no recomponga la relación con la oposición". Por su parte, el diputado Araya agregó que esta acción será adoptada por diversas bancadas en las comisiones donde poseen representación, subrayando que "los acuerdos se respetan y en esta Cámara, aunque al ministro Elizalde no le agrade, también se respetan".

Por su parte, la senadora de la UDI, Luz Ebensperger afirmó que “lo que pasó ayer en la Cámara es de máxima gravedad, no solo por la incoherencia constitucional, porque hoy día tenemos una norma constitucional que establece el voto obligatorio; sino que también es grave porque había un acuerdo expreso con el Gobierno de que si se aprobaba la multa, nosotros no nos opondríamos a poner más requisito al voto del extranjero para elecciones futuras”, dijo a Radio y Diario Universidad de Chile. 

Según la senadora se trata de algo “insólito”. “Yo pienso que tal vez los diputados oficialistas y el Gobierno querrán ganar las elecciones por secretaría, pero hay una norma constitucional. Chile volvió a determinar que el voto va a ser obligatorio, pero un voto obligatorio, sin multa, termina siendo un voto voluntario. Para nosotros es de la máxima gravedad”, insistió.

Pese a lo anterior la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, dijo que el acuerdo con la oposición se mantiene y el Ejecutivo abogará por una multa.

Tras asistir a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, la secretaria de Estado abordó los pasos a seguir por el Gobierno, asegurando que buscarán tramitar en paralelo la indicación para reponer la multa y una reforma constitucional para aumentar los requisitos al voto extranjero.

Juan Pablo Lavín, fundador y gerente general de Panel Ciudadano, afirmó que la eliminación de multas por no votar impactaría directamente a dos candidaturas: José Antonio Kast (Partido Republicano) y Franco Parisi (Partido de la Gente).

En conversación con The Clinic, Lavín distingue entre votantes "habituales" y "obligados", siendo estos últimos un grupo menos ideologizado y con menor compromiso político, pero decisivo en escenarios de alta participación. Según sus datos, Kast y Parisi dependen de este electorado, que tiende a ser crítico con el gobierno de turno, como se vio en el triunfo del Rechazo en 2022.

El fundador de Panel Ciudadano explicó que "la menor participación tiende a favorecer al oficialismo", ya que los votantes obligados "suelen ser más castigadores con el gobierno". Las mediciones de Panel Ciudadano revelan una marcada diferencia: el gobierno de Gabriel Boric cuenta con un 35 % de aprobación entre votantes habituales, pero solo un 17 % entre los obligados.