Durante el gobierno de Michelle Bachelet y a partir de la tramitación de la denominada agenda corta antidelincuencia, se aprobó la Ley 20.931, que buscaba facilitar la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto, receptación y mejorar la persecución penal en dichos delitos. 

Dentro de este paquete, se dio luz verde al “control preventivo de identidad”, una iniciativa que tenía por finalidad detectar personas que tuviesen órdenes de detención pendientes.

Desde su entrada en vigencia, en julio de 2016, tanto personal de Carabineros como de la Policía de Investigaciones (PDI) cuentan con la capacidad de “controlar la identidad a cualquier persona mayor de 18 años en vías o espacios públicos y en lugares privados de acceso público”; no como antes, que se sometían a control únicamente las personas sospechosas de haber cometido un delito.

Antes y después de la aprobación, la legislación fue cuestionada. El debate se concentró en torno a la arbitrariedad de su aplicación y en lo discriminatoria que podía resultar la medida.

En vista de los innumerables controles observados en Santiago Centro y en las comunas periféricas de la capital, INTERFERENCIA solicitó vía Ley de Transparencia “la cantidad total de controles de identidad realizados por funcionarios de Carabineros durante septiembre de 2018, en las comunas de Quilicura, Conchalí, Independencia, Santiago, Maipú, Providencia, Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea y Puente Alto”.

Y la respuesta de la policía uniformada careció de precisión. “Aún no se dispone de los antecedentes necesarios para generar la información requerida”, contestó Carabineros.

Por último, el texto firmado por el coronel Iván Guajardo Rojas indicó que la Ley 20.285 de Transparencia “no obliga a los órganos de la Administración del Estado a generar, elaborar o producir información, sino entregar la actualmente disponible dentro de los registros institucionales”.

Es decir: por ahora no existen esos datos.