Varias han sido las reacciones tras la publicación de un reportaje de CHV Noticias durante el fin de semana pasado, con base en un artículo del medio Reportea publicado a mediados de septiembre, que reveló el caso de Bernarda Vera, quien figura en el Informe Rettig como una de las mil 162 víctimas de desaparición forzada durante la dictadura de Augusto Pinochet. Por lo anterior su familia recibe una pensión de reparación, pero la investigación sugiere que Vera, supuestamente desaparecida, estaría viviendo en Argentina.

Según el Tomo III del Informe Rettig, Bernarda Vera —profesora de educación básica y militante del MIR y del Movimiento Campesino Revolucionario— fue detenida el 10 de octubre de 1973 en Trafún, región de Valdivia. Se presume que fue ejecutada junto a otros prisioneros en el puente Villarrica sobre el río Toltén, siendo considerada desaparecida desde entonces.

A lo largo de décadas, su hija la buscó incansablemente, y el Estado la reconoció como víctima de violaciones a los derechos humanos, lo que habilitó mecanismos de reparación como la pensión estatal. Sin embargo, testimonios como el de José Bravo, exmiembro del MIR, han generado dudas y cuestionamientos sobre la veracidad de esta narración oficial, aduciendo que Vera habría logrado escapar hacia la montaña junto a un grupo de sobrevivientes, para luego huir hasta Argentina y tras a ello a Suecia, donde se habría establecido por varios años, para luego retornar al país trasandino.

A partir de la difusión de esta información, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, informó que el caso fue detectado durante las labores del Plan Nacional de Búsqueda. En este contexto, afirmó que el Estado evalúa presentar una querella por el posible caso de falsa detenida desaparecida y aseguró que la familia de Vera en Chile “ha actuado de buena fe y con total desconocimiento” de cualquier irregularidad. Por ello, instó a la prudencia y al respeto hacia los familiares involucrados. 

Cordero especificó que la información preliminar comenzó a circular en 2024, y que la verificación de datos incluyó la colaboración con autoridades suecas. Así, el titular de Seguridad explicó que el Plan Nacional de Búsqueda informó a la hija de Vera en Chile en enero de 2025, y que las pruebas de Suecia llegaron al país entre abril y mayo de este año. Posteriormente, estos antecedentes fueron entregados al juez encargado del caso. También desmintió haber recibido información directa de un exfuncionario del Plan.

Organizaciones en alerta

A partir de la información publicada, distintas agrupaciones de derechos humanos se manifestaron al respecto, haciendo un llamado en contra del negacionismo y el oportunismo político a partir del caso. 

El espacio de memorias Londres 38 expresó en un comunicado que “este caso se conoce después de más de medio siglo del inicio de la desaparición forzada en dictadura. Recientemente, también se informó sobre el joven de 16 años, Luis Pino Soto, detenido desaparecido en 1986, quien, por error, no fue incluido en el listado de la Comisión Rettig, y hoy se le ha reconocido esa condición. La información sobre ambas personas provino de investigaciones realizadas por profesionales del Plan Nacional de Búsqueda de detenidos desaparecidos”.

“El caso de Bernarda Vera fue objeto de un amplio reportaje televisivo reciente. El de Luis Pino solo mereció una breve nota en un medio digital. Que una persona haya podido escapar a la tortura y al asesinato del que fueron víctimas sus compañeros debería contentarnos como sociedad, especialmente, cuando hasta ahora no se ha establecido dolo ni engaño de parte de sus familiares. Y aunque el reconocimiento de Luis Pino agrega un nuevo nombre a la lista de detenidos desaparecidos, también constituye un avance en el establecimiento de la verdad y un acto de justicia”, agregaron.

En esa línea, la agrupación expresó que “estos casos, dos de más de mil personas detenidas desaparecidas, no invalidan la verdad que hasta ahora se ha establecido a contrapelo del poder y del secreto de los victimarios. Conocer lo que ha sido la desaparición forzada como práctica sistemática del Estado ha costado décadas. Y aun así, hoy solo conocemos una parte que muestra, una vez más, la verdad que falta. Ha sido necesario recurrir a innumerables denuncias, protestas, huelgas de hambre y diversos recursos judiciales, enfrentando durante años la pertinaz negativa de las autoridades y de los tribunales a investigar. En la inmensa mayoría de los procesos, los jueces solo han establecido el secuestro de las personas detenidas desaparecidas en los centros de interrogatorio y tortura, sin esclarecer aún su destino final ni hacer justicia”.

La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) indicó por su parte que reitera “una vez más su compromiso con la verdad, la justicia y la reparación, por los crímenes cometidos durante la dictadura civil militar encabezada por Augusto Pinochet, lo hacemos ante la divulgación de un denominado reportaje transmitido por el canal de televisión Chilevisión, en relación a la situación de Bernarda Vera Contardo, que figura en la nómina de personas Detenidas Desaparecidas del Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, cuyo contenido y oportunidad tiene un carácter sesgado, porque se da en el marco de discursos negacionistas, y porque elude hacer referencia a la magnitud de las violaciones de los Derechos Humanos ocurridas durante la dictadura civil militar. Es un reportaje tendencioso porque a partir de un caso excepcional y particular, pretende de manera encubierta hacer una generalización malintencionada”.

En paralelo, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) comunicó que “no compartimos el enfoque expuesto por CHV. En nuestra larga lucha por la verdad y la justicia, hemos conocido de sistemáticos intentos de negacionismo de las brutales violaciones a los derechos humanos cometidos en dictadura”.

Sobre ello, apuntaron que “no aceptamos que una de las aristas del reportaje vincule esta situación y pretenda cuestionar el Plan Nacional de Búsqueda. Aquellos aspectos que deben ser aclarados para garantizar la transparencia para todas las personas víctimas de las violaciones a los derechos humanos deben ser cauteladas por el Estado de derecho”.

“Denunciamos que este tipo de reportajes no es casual. Hacemos un llamado a ser responsables y priorizar el respeto en nombre del dolor e incertidumbre de las víctimas y sus familiares, quienes muchas veces se ven expuestos a la revictimización de los medios”, sostuvieron.

La Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU) cuestionó el carácter “no concluyente” del reportaje y advirtió que su difusión generó conmoción en organismos de derechos humanos y en familiares de víctimas de la dictadura.

En su comunicado, la organización señaló que, de confirmarse que Vera sigue con vida, se trataría de un caso donde “alguien que pudo ser una víctima vive. Ella habría logrado sortear la muerte en medio de tanto horror”. 

No obstante, recordaron que “ella, su hija, su familia y su comunidad son víctimas del accionar violento de la dictadura y de las consecuencias de no avanzar con decisión y firmeza tras toda la verdad y toda la justicia”.

El organismo contextualizó que los hechos se originaron en la zona cordillerana de Neltume, lugar marcado tanto por la organización social de los trabajadores como por la represión posterior al golpe de Estado. Igualmente, recordaron que desde 1973 la localidad fue escenario de allanamientos, torturas, prisión política y fusilamientos, en hechos como los de Liquiñe, Chihuio y la Caravana de la Muerte.

Además, CODEPU insistió en que el caso evidencia las limitaciones de la Comisión Rettig, cuyo informe de 1991 fue apenas un primer paso hacia la verdad y la justicia. Según la organización, con el paso del tiempo esos objetivos se han visto debilitados por pactos de silencio, prescripciones, fallos tardíos y protecciones a los responsables, en un contexto donde incluso se debate la entrega de beneficios carcelarios a violadores de derechos humanos.

La Corporación Mutual Bautista van Schouwen aseveró que “de ser cierta la condición de sobreviviente de Bernarda Vera, será función de los tribunales de justicia esclarecer la verdad, precisar las causas y obrar en consecuencia; no obstante, hay que considerar que la aludida mujer fue objeto de persecución y acoso represivo en los días posteriores al golpe militar en la localidad sureña donde residía, trabajaba como profesora rural y militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)”.

“No sabemos la verdad sobre este caso, pero de ser verídica la versión de sobrevivencia de Bernarda Vera nos alegramos que así sea y que no haya sido una víctima fatal más de la terrible tiranía que asoló nuestro país. No está de más decir que Bernarda Vera Contardo -sea víctima dd o sea sobreviviente- no ha cometido ningún delito y, además, no creemos que su familia directa en Chile haya incurrido en acciones dolosas respecto de Bernarda y su historia”, expresaron.

“Alertamos a las organizaciones sociales de derechos humanos a no dejarse engatusar por oscuros manipuladores de los medios de comunicación, y seguir apoyando las labores del Programa de Derechos Humanos y del PNB, que estas retorcidas maniobras comunicacionales se esfuerzan por enlodar”, finalizaron.